Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
En el transcurso de los últimos 4 años el Estado colombiano ha pagado $4 billones por demandas. Aunque en ese período ha sido condenado 49.467 veces y por esos fallos ha tenido que pagar la elevada cifra, ha hecho poco para recuperar el dinero.
Un informe de la Contraloría General advierte que el Estado no solo sigue perdiendo las millonarias demandas en su contra, sino que no utiliza la acción de repetición, mecanismo judicial que permite que una entidad oficial, cuando ha sido condenada por daños y perjuicios o en procesos contractuales, demande a su vez a los funcionarios públicos que hayan tenido grave culpa o dolo en esos hechos.
Según la entidad, del total de condenas desde el 2010, en tan solo uno de cada 100 casos las entidades iniciaron acciones contra sus funcionarios para que respondan por las onerosas indemnizaciones en contra de la Nación. Así, de los más de $4 billones que el Estado ha sacado del bolsillo de todos los colombianos para pagar sentencias en el último cuatrienio, solo ha intentado recuperar $890.769 millones.
La acción de repetición es una herramienta jurídica que ha sido ineficaz en el alcance de su objetivo y, por tanto, no se ha constituido en un mecanismo eficiente cuyo objetivo es la recuperación de los cuantiosos recursos y el desmedro de las finanzas del Estado por las condenas proferidas en su contra.
La anterior es una situación crítica porque las entidades tienen obligación de repetir pero no lo hacen y, cuando sí, la mayoría de las veces fallan en demostrar la responsabilidad del funcionario o servidor. De hecho, la Contraloría no encontró casos totalmente cerrados de acción de repetición.
En el Ministerio de Defensa, de 835 sentencias en contra, en 220 se tomó la decisión expresa de no iniciar procesos de repetición en contra de funcionarios, ya que se consideró que no se podía probar responsabilidad de estos, y tan solo en 25 se activó dicho mecanismo legal.
Situación similar ocurre en el Inpec. Entre 2010 y 2014 la entidad fue condenada 730 veces por $77.725 millones. Más del 90% de las demandas corresponden a casos en los que se comprobó la responsabilidad de guardias en muertes, y lesiones del personal de internos en las cárceles. El Inpec solo inició 8 acciones de repetición por $1.572 millones.
El Consejo de Estado le ha llamado la atención a la Nación porque en varios casos que le han llegado encontró demandas hechas de forma descuidada y poco diligente, que se están presentando solo para cumplir un mandato legal y no para recuperar realmente lo pagado en las sentencias. La Contraloría, por otra parte, dice que algunas de las demandas son tan flojas que al detrimento patrimonial de las condenas se suman los costos administrativos y el desgaste y congestión en la administración de justicia.
En los últimos 10 años el presupuesto que las entidades públicas han tenido que usar para pagar fallos o conciliar demandas ha crecido en un 395%. Mientras en el 2003 se pagaron condenas y conciliaciones por $251.040 millones, en el 2013 la cifra creció a $1,2 billones.
Las pretensiones de los demandantes contra el Estado suman $412 billones y las pretensiones totales contra entidades públicas superan los $1.000 billones. Entre los sectores más demandados está el de seguridad y defensa, que tiene procesos en su contra por $77,2 billones, 19% del total.
En cuanto a la Fiscalía, entre 2010 y 2014 esta fue condenada 1.283 veces, por un valor de $294.883 millones. A su vez, realizó conciliaciones por otros $52.000 millones, y tan solo repitió en 39 casos, por un valor menor de $10.000 millones. Además, la entidad no ha recuperado valor alguno por concepto de acciones de repetición.
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