Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
El principal objetivo que tiene el Estatuto Aduanero es facilitar el comercio exterior, pero sin que se sacrifique el control de las autoridades nacionales en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos. Gremios empresariales todavía están preocupados por las sanciones.
La larga historia del Estatuto Aduanero viene desde el año 2011, cuando se dijo que en 2012 estaría entrando en vigencia. Mediante este se busca la simplificación de las operaciones de comercio exterior, la creación de sanciones ejemplarizantes y la aplicación del análisis de riesgos a usuarios.
Durante el mes de septiembre del año 2013 se retomó la campaña para dar a conocer el Estatuto Aduanero, el cual supuestamente ya estaba listo para salir a la luz pública por medio de un decreto. En ese entonces, 76% de los casos donde la DIAN detiene un cargamento de artículos, y los cataloga como contrabando, se presentaban errores en la descripción de la mercancía, tema que se eliminaría con el nuevo Estatuto Aduanero.
La DIAN destaca que las nuevas reglas del comercio exterior permiten ir más allá de la fiscalización de las operaciones de comercio para enfocarse en la administración del riesgo. No se irá tras la mercancía sino tras quien la trae de forma ilegal. Se focalizará en el contrabando abierto, es decir, el ingreso o salida de mercancías sin declaración, para eludir el pago de los impuestos.
Y sobre este tema también hay una crítica por parte de los empresarios dedicados al comercio exterior, quienes aseguran que la DIAN y la Policía Fiscal Aduanera actúan a través de retenes que solo logran controlar a los formales sin resultados evidentes sobre el contrabando abierto.
Al respecto, son varios los retos que tienen las aduanas colombianas, como ser instrumento para la competitividad, crear instrumentos para luchar contra el contrabando, la generación de confianza y la búsqueda de la seguridad nacional de las operaciones de comercio exterior sobre el recaudo.
También se ha tratado el tema de las sanciones, las cuales deben ser ejemplarizantes, pero que no se deben hacer por error. El vicepresidente Técnico de Analdex, Diego Rengifo, ha dicho a diversos medios que se debe diferenciar la sanción sustancial de la formal. La primera se trata de incumplir con una obligación en un tiempo establecido; la segunda, tiene que ver con no pagar tributos aduaneros, contrabando, entre otros.
Se piensa crear herramientas para controlar el contrabando, con el firme propósito de evitar que mafias y redes criminales, aprovechen el comercio exterior para financiarse. También, se utilizarán herramientas adicionales como scanners y dispositivos cuyos recursos saldrán del presupuesto nacional, de los propios puertos y del convenio con la Federación de Nacional de Departamentos que se realizó a principios de este año.
Como lo publicó recientemente Portafolio, en medio de las reuniones que se han desarrollado entre gremios y el director de la DIAN, Santiago Rojas Arroyo, la tarea de remodelar el Estatuto Aduanero está a punto de ser terminada. El principal objetivo es facilitar el comercio exterior, pero sin que se sacrifique el control de las autoridades nacionales en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos.
Una de las preocupaciones que presentan los gremios y empresarios radica en que el Estatuto plantea sanciones más fuertes para los operadores de comercio exterior que cometan faltas aduaneras. “No se quiere entre los empresarios que por posibles abusos de la DIAN se les quite el permiso de ser usuarios de comercio internacional”, en este medio de comunicación.
Otro punto propuesto por el Estatuto Aduanero, el cual sería decreto entre abril y mayo de este año, radica en la gestión de riesgos, lo que significa que en manos de la aduana quedaría la tarea de determinar si un usuario es de alto, medio o bajo riesgo para facilitarle la operación de comercio. “En la actualidad esto es más documental. Varios de los que hacen acciones indebidas se ocupan bajo esa figura. La gestión del riesgo debe basarse en buena información”, explicó Rojas.
El proyecto señala que las agencias de aduana están obligadas a “establecer mecanismos de control que les permitan asegurar una relación contractual transparente con sus clientes, con el propósito de evitar prácticas relacionadas con fraude aduanero, lavado de activos, financiación del terrorismo, contrabando, evasión y cualquier otra conducta irregular relacionada con el comercio ilícito”. De igual manera, los agentes aduaneros deberán construir una base de datos para identificar alertas asociadas a las operaciones comerciales.
También se está pensando en el fortalecimiento del ente recaudador y la puesta en marcha de sistemas aduaneros más sólidos, que den paso a la inspección no intrusiva de mercancías.
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