Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Desde el punto de vista del Director de la DIAN, se trata de un instrumento clave para que la entidad luche contra el contrabando, y un complemento para la Ley Anticontrabando. El objetivo es concentrarse en quien está haciendo trampa y dejar tranquilo al comerciante que actúa bien.
Recientemente Santiago Rojas, director de la DIAN, dijo que se están cambiando los procedimientos aduaneros para ser mucho más asertivos en la lucha contra el contrabando, aplicando las metodologías tributarias de controles.
“El Estatuto Aduanero debería ser expedido a finales de este año para que comience a regir en el 2016 en aquellas disposiciones que así lo permitan. Implementar el Estatuto requiere de cambios informáticos. Muchas de las normas para facilitar el comercio comenzarían a regir desde el 1 de enero si se expide el Estatuto dentro de lo esperado”, dijo el director de la entidad a los medios de comunicación.
El Estatuto Aduanero permitirá que se pase del control documental a tecnológicos, uno de los cuales es la instalación de escáneres en las aduanas. La promesa está en que empezarán a funcionar junto a otras herramientas tecnológicas en los puertos.
Luego que el Gobierno le dio luz verde a la Ley Anticontrabando, norma aprobada para pelear contra un fenómeno que le quita US$6.000 millones anuales a la economía nacional, la DIAN tiene claras las bases para que el Estatuto Aduanero sea un complemento a la norma.
El principal objetivo es facilitar el comercio exterior, pero sin que se sacrifique el control de las autoridades nacionales en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos.
Una de las preocupaciones que presentan los gremios y empresarios radica en que el Estatuto plantea sanciones más fuertes para los operadores de comercio exterior que cometan faltas aduaneras. “No se quiere entre los empresarios que por posibles abusos de la DIAN se les quite el permiso de ser usuarios de comercio internacional”, en este medio de comunicación.Otro punto propuesto por el Estatuto Aduanero radica en la gestión de riesgos, lo que significa que en manos de la aduana quedaría la tarea de determinar si un usuario es de alto, medio o bajo riesgo para facilitarle la operación de comercio. “En la actualidad esto es más documental. Varios de los que actúan indebidamente se ocupan bajo esa figura. La gestión del riesgo debe basarse en buena información”, explicó Rojas.
El proyecto señala que las agencias de aduana están obligadas a “establecer mecanismos de control que les permitan asegurar una relación contractual transparente con sus clientes, con el propósito de evitar prácticas relacionadas con fraude aduanero, lavado de activos, financiación del terrorismo, contrabando, evasión y cualquier otra conducta irregular relacionada con el comercio ilícito”. De igual manera, los agentes aduaneros deberán construir una base de datos para identificar alertas asociadas a las operaciones comerciales.
También se está pensando en el fortalecimiento del ente recaudador y la puesta en marcha de sistemas aduaneros más sólidos, que den paso a la inspección no intrusiva de mercancías.
Desde el punto de vista del director de la DIAN se debe conocer muy bien a los usuarios aduaneros del país, factor que permitirá controlar a aquel que no ofrece confianza, y dejar tranquilo al usuario que sí la transmite. Es un sistema de gestión del riesgo.
El Gobierno está trabajando en el mejoramiento de ese modelo, ya que es imposible controlar una por una todas las operaciones de comercio exterior que se hacen en Colombia; anualmente, por los puertos del país se mueven cerca de 184 millones de toneladas de mercancías.
La entidad también está afinando los mecanismos para conocer en dónde están los negocios que arman los contrabandistas para ingresar mercancías al país, y así lograr el lavado de dinero producto de actividades ilícitas como el narcotráfico.
Finalmente, otro punto importante es la tecnología. Muestra de ello son los escáneres que van a llegar a los puertos del país. A través del Decreto 993 del 2015 se busca facilitarle la vida al empresario que actúa bien, y no molestarlo con errores formales. El objetivo es concentrarse en quien está haciendo trampa.
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