Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Las alcaldías, la Procuraduría General de la Nación y las personerías, tienen entre sus deberes, sancionar a los funcionarios luego de pasar por un extenso procedimiento de indagación preliminar y reunir pruebas para establecer si, efectivamente, se presentó alguna irregularidad.
¿Qué hacer si un servidor público presenta un comportamiento irregular? La ciudadanía cuenta con herramientas para hacerle frente a la situación. Pocos conocen el procedimiento, pero hay instancias a las que se pueden acudir en caso de que haya ocurrido algún tipo de maltrato, negligencia o sobornos.
Las alcaldías de las ciudades capitales, por ejemplo, cuentan con una Dirección de Control Disciplinario Interno, la cual maneja casos de todas las secretarías, subsecretarías y coordinaciones de la administración. El titular de esta dirección, al interior de la Alcaldía de Cali, es el señor Carlos Alberto Martínez Noguera.
En el sector central: a las secretarías, asesorías, subsecretarías y coordinaciones, pero no existe competencia sobre entes descentralizados. Desde la Personería y la Dirección de Control Disciplinario Interno, cada vez que llega una queja, se le informa a la Procuraduría que, contra tal servidor público, se adelanta su respectiva investigación; ella tiene el poder preferente. Es decir, en cualquier momento, incluso hasta un día antes del fallo, dicha entidad dice, venga, por favor, páseme eso y le retira el expediente.
Según lo que indica la ley, la indagación preliminar tarda seis meses. Existe una etapa previa indagatoria del hecho, con el fin de establecer si, efectivamente, se presentó una falta.
Después, de existir requisitos formales, se puede abrir una investigación, la cual puede ser de hasta de 12 meses para faltas graves y hasta 18 para faltas gravísimas. Se puede estar hablando de un total de dos años.
Lo anterior, no quiere decir que se lleve todo a los tiempos máximos; se pueden emplear los términos mínimos si se dan los elementos probatorios para hacerlo.
Todo lo que sea material probatorio facilita la investigación. Si se cuenta con videos o grabaciones, por ejemplo, se podría pasar de una vez a la investigación, y así ahorrar los seis meses de indagación preliminar.
«De entrada, puede llegar la queja e irse a un proceso verbal, que es ágil, de un mes máximo. Pero, tiene que llevar un material probatorio muy contundente», explica Carlos Alberto Martínez Noguera.
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