Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Para Jersson Rodríguez, se deben cubrir las deudas técnicas de las anteriores reformas tributarias.
Se debe trabajar en una mayor equidad en impuestos y reducir la evasión.
La corrupción le puede estar costando al país 50 billones de pesos, más del triple de lo que ha costado sortear la pandemia.
Jersson Oswaldo Rodríguez Cuervo, magíster en Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Finanzas con énfasis en Evaluación de Proyectos, no cree que la demanda al Estatuto Tributario vaya a tener un fallo a favor, teniendo en cuenta que plantea un giro de 180 grados al sistema actual.
Desde hace años, en Colombia se viene hablando de la desigualdad del sistema tributario (impuestos regresivos en vez de progresivos) y de los bajos índices de distribución de la riqueza (bajo el coeficiente de Gini, Colombia es el segundo país más desigual de la región, con un índice de 50,4; superado únicamente por Brasil con 53,9).
Al respecto, la conclusión siempre es que se debe llegar a una reestructuración profunda del sistema tributario del país, para lograr normas equitativas y que ayuden a reducir las brechas de desigualdad.
Esta utopía se ha bautizado con el nombre de “reforma tributaria estructural”; sin embargo, esto no ha pasado de ser un «caballo de Troya» usado por el Gobierno en varias reformas, para hacer ajustes de forma, pero no de fondo en el sistema tributario.
La demanda al Estatuto Tributario es el eco de tantas voces que se han elevado en Colombia a lo largo de los años para señalar que algo estamos haciendo mal, que no puede ser económica y socialmente justo que un país con tantas riquezas no sea capaz de trasladar esos beneficios a toda la sociedad.
Aun así, hablando desde la realidad de nuestro país, no creo que esta demanda vaya a tener un fallo a favor, teniendo en cuenta que plantea un giro de 180 grados al sistema actual.
Adicionalmente, hay que analizar su conveniencia en este momento, pues este cambio tributario agregaría mayor inestabilidad a la economía de un país que está sorteando con dificultad las turbulencias del COVID-19.
Nota: luego de que la Corte Constitucional no admitiera la demanda presentada contra el Estatuto Tributario, el alto tribunal otorgó un plazo de tres (3) días hábiles, contados a partir de la notificación del auto, para que los demandantes procedan a corregir la demanda y la presenten nuevamente.
Es cierto, desde hace años se ha demostrado que las diferentes reformas han impulsado impuestos no progresivos, es decir, ingresos que generan cobros similares independientemente del nivel de ingresos del contribuyente (un ejemplo de esto es el IVA), lo cual hace que se tenga una población con un porcentaje de tributación muy bajo frente a sus ingresos.
Sin embargo, desde mi punto de vista, es importante pensar primero en cómo estamos haciendo las cosas hoy, antes de salir a buscar impuestos nuevos a toda costa.
Según la Dian, la tasa de evasión de impuestos para el último año puede estar alrededor del 27 %, cifra que se aproxima a los 45 billones de pesos que deja de percibir el Estado bajo la normativa tributaria que hoy se tiene.
Si se lograra una mayor eficiencia en el recaudo y un sistema de penas más fuerte para quienes evaden, se lograría un flujo de ingresos superior casi en un 400 % a lo que esperaba recaudar la nación con la última reforma tributaria.Por otra parte, según el informe de percepción de corrupción elaborado por Transparencia Internacional, Colombia se encuentra en el puesto 96 entre 180 países.
En el informe, que mide con una escala de 0 a 100, en el que 100 indica ausencia de corrupción, nuestro país obtuvo una calificación de 37.
Según cifras de la Procuraduría, este problema le puede estar costando a Colombia alrededor de 50 billones de pesos anuales; más del triple de lo que le ha costado a la nación sortear la pandemia.
Claramente, entre más sencillo sea un sistema tributario, es mejor, porque permite tener transparencia en las reglas de juego y validar que todos los jugadores están bajo las mismas condiciones.
Sin embargo, el sistema de exención que se ha venido ajustando en las últimas reformas tributarias genera escepticismo y desconfianza.
A la luz de la actual crisis que está sufriendo la economía mundial, se debe pensar en normas excepcionales y temporales que ayuden a que las organizaciones logren sortear estos momentos, sin que esto implique quitar de la mesa la idea de reducir exenciones en un futuro.
La evasión es un mal endémico del sistema tributario colombiano y genera un costo gigante para la nación.
El reto para la Dian es gigantesco, ya que es el ente llamado a controlar el recaudo de la nación.Este reto es aún mayor, teniendo en cuenta que la entidad se encuentra en el esperado proceso de reestructuración y mejora, que le permita tener herramientas adecuadas para realizar su labor.
Sin embargo, esto no es suficiente. Desde mi punto de vista, debe ser una política de gobierno que desencadene una lucha frontal y certera contra este flagelo.
Del Gobierno debe desprenderse un plan táctico dirigido a acabar con la evasión en el corto, mediano y largo plazo, que sirva como carta de navegación en el tema para futuras administraciones, independiente del mandatario de turno.
Hace unos días, el viceministro de Hacienda mencionó que, para cumplir las metas de déficit del 2022, se necesitará una reforma que permita recaudar alrededor de 20 billones de pesos.
En cuanto a esta reforma, se deben cubrir las deudas técnicas que han tenido las anteriores, es decir, normas que lleven al sistema a tener mayor equidad en impuestos (progresividad de impuestos), que reduzca con medidas efectivas la evasión y que, sin duda, apoye y haga más fácil la reactivación del sistema económico colombiano, que se ha visto tan afectado por la contracción económica mundial.
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