Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
En su investigación El sistema electoral y la reforma política y su vínculo con la corrupción Mónica Pachón, decana de la Universidad del Rosario, presenta una serie de recomendaciones para que los partidos disminuyan los riesgos de ser permeados por la corrupción.
Mónica Pachón, decana de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, en la presentación del seminario Recomendaciones para mejorar la representación política y disminuir los incentivos al abuso del poder político, planteó una serie de hipótesis para el fortalecimiento de los partidos políticos, y la confrontación de la corrupción dentro de estos.
Pachón asegura que, al igual que otros países de la región, en Colombia existe una generalizada percepción sobre los altos niveles de corrupción. La mayoría de los esfuerzos por tratar de explicar este fenómeno se han centrado en la relación que existe entre las reglas electorales o el régimen de sanciones y los incentivos que generan a los representantes elegidos. Sin embargo, se debe analizar el fenómeno de la corrupción desde dos nuevas perspectivas:
En este sentido, a pesar de que los votantes valoran y privilegian la independencia de los políticos frente a los partidos, para mejorar la representación política y disminuir los incentivos del abuso del poder, es necesario priorizar y fortalecer la capacidad colectiva de la élite política dentro de los partidos, así como consolidar los mecanismos de vetos políticos sobre los judiciales o policivos.
A continuación, Pachón plantean dos posibles soluciones:
Existen diferentes elementos determinantes que ofrecen oportunidades para la corrupción a partir de los problemas con la financiación de las campañas políticas. La relación perversa entre las élites políticas y económicas al tener extrema dependencia de recursos privados, el complejo proceso de obtención de recursos públicos, y la falta de información y rendición de cuentas alrededor del financiamiento de las campañas, son algunos ejemplos. Así mismo, la relación que existe entre la financiación de campañas, la contratación pública y el nombramiento de funcionarios es bastante problemática.
Frente a lo anterior, siempre existe la tentación de pensar que un mayor monitoreo, y sanciones más estrictas frente al tope y reporte de las campañas son la solución; sin embargo, nuestra propuesta gira alrededor de dos puntos:
Pachón plantea que el reglamento interno del Congreso no ha sido modificado de forma estructural desde 1992. Así, comparado con otros países de la región, no se cuenta con la información básica de actividad legislativa, no se reportan autores de enmiendas y no se permite la utilización de herramientas tecnológicas para la conducción del proceso legislativo. Por lo tanto, la decana sugiere:
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
