Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Desde el Gobierno se piensa que cada vez más los empleadores están contratando bajo condiciones dignas. No obstante, los candidatos a la presidencia deben incluir en sus programas estrategias que ataquen la informalidad laboral, y recalcar la importancia de cotizar al sistema de pensiones.
Según las más recientes cifras reveladas por el Dane, el número de trabajadores que cotizan a pensión continúa aumentando, toda vez que en el trimestre septiembre – noviembre 2017 esta medida de formalidad laboral se ubicó a nivel nacional en 36,6 %, un 0,9 % superior a la del mismo período de 2016.
Lo anterior se traduce en que 192 mil nuevos ocupados formales se registraron a nivel nacional en dicho trimestre, y de estos, 85 mil corresponden a mujeres. Según cifras de la entidad, a noviembre de 2017 habían en el país 8.3 millones de ocupados formales.
“La cifras demuestran que el país tiene cada vez más conciencia en la contratación laboral bajo condiciones dignas y decentes, los trabajadores de Colombia ocupan un espacio importante y reconocido por los empresarios, frente a los beneficios que ofrece la seguridad social”, dijo a los medios de comunicación la ministra del trabajo, Griselda Janeth Restrepo.
Iván Daniel Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, afirma que los candidatos a la presidencia de Colombia deben incluir en sus programas de gobierno estrategias que corrijan los elevados porcentajes de informalidad laboral, incrementando la presencia estatal en materia de vigilancia, inspección y control laboral e invirtiendo el esquema de incentivos a la informalidad por estímulos a la formalidad, centrando la gestión del futuro gobierno en la medición y en la creación de trabajo decente según los estándares de la OIT.
Al respecto, Portafolio publica que:
«Deben descartarse las propuestas de formalización espuria que consisten en la reducción de derechos para el aumento de los porcentajes de formalidad que conducen a supuestos de desprotección en la formalidad de muy difícil corrección, sin perjuicio de la regresión en derechos que viola el postulado constitucional de progresividad de las garantías sociales.»
Para Jaramillo se debe combatir la inestabilidad en el trabajo. Los programas de gobierno deben incluir fórmulas de incentivos tributarios a la contratación laboral indefinida que promuevan la estabilidad en el empleo y privilegien la continuidad de los vínculos laborales para asegurar el acceso a los medios de subsistencia de los trabajadores.
Según el Dane, en las trece principales ciudades o áreas metropolitanas puede notarse la presencia de más de 140 mil nuevos ocupados, indicador que registra que el 51,2 % son formales por cotización a pensiones, es decir, creció 1,8 puntos porcentuales más frente al mismo período de 2016 (49,4 %). Las ciudades con mayor formalidad laboral por cotización a pensiones fueron Manizales y su área metropolitana (62,7 %), Medellín y su área metropolitana (60,5 %) y Bogotá (56,7 %).
Jaramillo expone que las propuestas de los candidatos coinciden en la necesidad de una reforma pensional que descarte las alternativas de eliminación progresiva del régimen público de prima media administrado por Colpensiones, que determinaría una bomba social, en función de la reducción del monto de la pensión en el régimen de ahorro individual, sin perjuicio de la eliminación de los pilares sobre los que se funda la idea de seguridad social y equilibrios financieros y actuariales corregibles por la vía de la formalización laboral, es decir, el aumento del número de cotizantes.
«En general, los debates y propuestas sobre reforma pensional se centran en la pensión de vejez, eludiendo los ajustes necesarios al esquema de regulación de la pensión de invalidez que debe vincularse al sistema de inclusión laboral de personas con discapacidad, ajustes a la calificación del estado de invalidez y evaluación del sistema de revisión que desestimula la rehabilitación profesional», explica Jaramillo.
Desde la Comisión del Gasto y la Inversión Pública también se señaló que la reforma al régimen pensional debe buscar dos objetivos: aumentar la cobertura, moderar la magnitud del gasto público en pensiones y corregir su regresividad.
La agrupación considera que se deben hacer ajustes en los parámetros del sistema general de pensiones, reformar la arquitectura del sistema y racionalizar los sistemas de pensiones y asignaciones de retiro de maestros y militares, respectivamente, que se encuentran por fuera del sistema general de pensiones.
Entre los ajustes paramétricos llama la atención el ajuste propuesto para el aumento de la edad de jubilación, vinculándola de manera sistemática y periódica –cada cinco años– a los parámetros demográficos.
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