Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Fortalecer el uso del Servicio Público de Empleo –SPE– y definir un sistema nacional de certificación de competencias laborales son dos de las estrategias propuestas por el Consejo Privado de Competitividad –CPC– para reforzar el mercado laboral y la búsqueda de empleo formal en nuestro país.
El Consejo Privado de Competitividad –CPC–, en su Informe Nacional de Competitividad 2018-2019, tiene un capítulo dedicado al mercado laboral nacional en donde analiza su eficiencia. Al respecto, la entidad indica que los canales por medio de los cuales las personas consiguen empleo en Colombia son principalmente informales. En 2017, cerca de dos terceras partes de las personas que consiguieron empleo lo hicieron a través de amigos o familiares, mientras que el 5,45 % lo hizo a través de convocatorias y 2,94 % a través de bolsas de empleo o intermediarios.
«Además, el porcentaje de la población entre los 14 y 28 años que no trabaja ni recibe capacitación de ninguna naturaleza llega a niveles del 24,1 %. La falta de preparación y entrenamiento de los jóvenes impide que puedan acceder a empleos de buena calidad, limita el crecimiento de la economía y compromete la cohesión social», afirma el informe.
Una de las acciones propuestas por el CPC para contrarrestar la anterior situación es fortalecer la utilización del SPE y otros canales formales de contratación. Entre enero y agosto del año anterior, el SPE registró un millón 26 mil vacantes, acumuló 3.399.000 hojas de vida y logró ocupar a 386 mil personas, lo que equivale al 17,2 % del número de desempleados promedio en 2017. Sin embargo, solo 2,94 % de las personas manifiesta haber conseguido empleo a través de una bolsa de empleo o de intermediarios, incluido el SPE.
El informe de la entidad asegura que aunque con la Ley 1636 de 2016 y el Decreto 1072 de 2015 todos los empleadores tienen la obligación de reportar sus vacantes al SPE durante los diez días hábiles siguientes a su existencia, en la práctica esto no se cumple y solamente hay 36 mil empleadores inscritos.
«El SPE debe establecer estrategias más contundentes de atracción para los empleadores partiendo del conocimiento que se tenga sobre las barreras que impiden su utilización», ya que el uso de esta clase de mecanismos de intermediación laboral ayuda a reducir los costos de transacción y las asimetrías de información para las organizaciones y los aspirantes a conseguir empleo.
La carencia de certificaciones es uno de los principales impedimentos para garantizar que el sector productivo cuente con el capital humano idóneo para adelantar sus actividades productivas. Una certificación permite, además de reconocer formalmente las competencias laborales de las personas y facilitar su reentrenamiento a lo largo de la vida, que los empleadores tengan mayor certidumbre sobre las capacidades que tienen los aspirantes a un cargo determinado en cualquier industria o región.
«Actualmente, el SENA y otros cinco certificadores acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación son los únicos autorizados para certificar competencias en el país. Esta oferta, sin embargo, es insuficiente frente a la demanda que se espera para los próximos años», afirma el informe del CPC.
Avanzar más decididamente en este tema implica materializar la promesa del Conpes 3674 de 2010 de establecer un sistema nacional de certificación de competencias laborales. Contar con este sistema definiría herramientas de valoración que sean reconocidas y aceptadas por todos los agentes participantes en el mercado laboral a partir del establecimiento de un conjunto de instancias, organismos y procesos que permitan la acreditación de organismos de evaluación y certificación de competencias laborales, la certificación propiamente dicha y su apropiación en los sectores educativo y empresarial.
«Lo anterior posibilitaría la aparición de un mercado privado de certificación de competencias mucho más dinámico, amparado en un marco normativo que dé entrada a diferentes actores, entre ellos las empresas, las cuales podrían certificar a sus propios empleados y garantizar su reconocimiento a nivel educativo y productivo», concluye el informe.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
