Fuero de estabilidad laboral reforzada o debilidad manifiesta en casos de solidaridad


12 septiembre, 2016
Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.

Sin duda, un garante de los derechos es la Corte Constitucional, que ha extendido una real protección a los trabajadores en condiciones vulnerables; sus innumerables sentencias han hecho quite a los despidos ilegales o injustos, ordenando reintegros,  sanciones pecuniarias y administrativas para evitar que el amparo se vuelva ineficaz.

La estabilidad laboral es un fuero del que gozan los trabajadores que hemos referido, a no ser despedidos ni desmejorados en sus derechos laborales, hasta tanto no se restablezcan los derechos vulnerados, fruto de una incapacidad, o con ocasión a una discapacidad, que sufran la necesidad económica de solventar su mínimo vital,  exponiendo a mayores perjuicios su salud, por parte de aquellos  empleadores que obran con dolo o desconocimiento de la ley, pues al desvincular al trabajador han cercenado cualquier posibilidad de garantías mínimas constitucionales.

Por ello la Corte Constitucional, como órgano protector de derechos fundamentales, ordena a autoridades como el Ministerio del Trabajo para que controle y vigile si lo ordenado en tutela se ha materializado o no. Fue esta la suerte que vivió la Sentencia T – 461 de 2015, al reunir en un mismo grupo por unidad de materia, diferentes casos que demostraron la violación al principio que hoy sometemos a estudio.

“El fuero de estabilidad solo encara la oportunidad de extender la espera de ese trabajador, mientras se restablece en su salud o en su situación económica”

Tal vez el remplazo de un trabajador resuelva el problema de la empresa que ha bajado en su producción debido al rendimiento negativo que ha tenido este, pero eso no resuelve el problema de quien es en sí sujeto de total protección. El fuero de estabilidad solo encara la oportunidad de extender la espera de ese trabajador, mientras se restablece en su salud o en su situación económica. En tutela no podríamos hablar de lo mismo cuando se demuestre que ese trabajador está vinculado a más de un cargo o goza de una pensión de vejez durante el periodo de incapacidad; por excepción, el mismo ejemplo lo expresan aquellos trabajadores que aun siendo despedidos ilegalmente por no mediar el permiso del Ministerio, jamás fueron desvinculados de sus afiliaciones a seguridad social integral, ni dejaron  de percibir el pago de sus incapacidades.

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El objetivo de esta figura puede trascender esferas del derecho laboral al constitucional, cuando lo que prima ya no es el trabajador, sino el que está por nacer o el ya nacido, quien no es culpable ni merece ser desprotegido en sus derechos, así objete una justa causa para terminar el contrato a su progenitora. Este principio no distingue presupuestos como: el tipo de contrato que las partes hayan celebrado ni la naturaleza jurídica del cargo, tampoco lo es si el servicio se ofrece a un empleador directo o empresa beneficiaria de una obra o servicio. En ese orden, mucho menos es válida una conciliación que sujete condiciones en contra de los derechos del trabajador vulnerado o la transacción extrajudicial a titulo de indemnización por los presuntos perjuicios causados; la misma suerte la corre quien argumente la existencia de una justa causa y no logró la intervención del Ministerio del Trabajo.

La estabilidad laboral reforzada invocará el principio de solidaridad, si quien comete el despido es la empresa beneficiaria de la obra (por terminación de la obra) o el empleador directo, cuando crea que por el término vencido del contrato (o por cualquier otra justa causa) se deba dar por acabada la relación laboral. Por tanto, el carácter subsidiario de la acción de tutela y su desarrollo ultra proteccionista de derechos fundamentales, garantizará a toda luz jurídica, el reintegro laboral; pues evitar la condición de irremediabilidad es lo que el juez constitucional busca proteger para el aforado.

Estabilidad laboral reforzada: una protección especial sin discriminación

Esto traduce una seguridad jurídica sobre su manutención, sostenimiento y, en ciertos casos, el de su núcleo familiar, pero en principio, nada sujeta tal condición a que sea obligatorio y solo por excepción, esta figura varía a una estabilidad laboral reforzada.

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Todo trabajador se expone a ser despedido, con justa causa o no, de manera legal o ilegal; puede sufrir lesiones o accidentes, desarrollar enfermedades que no sean necesariamente laborales, padecer deficiencias físicas, mentales y de algún modo sensoriales; que se pueden exteriorizar en su calidad de vida y tal vez, con el tiempo, esto pueda culminar en su deceso o la pérdida de capacidad para seguir realizando labores.

A ese grupo pertenecen los trabajadores que estén bajo el cumplimiento de una incapacidad laboral, los que sufran alguna condición de discapacidad, accidentes de trabajo o enfermedad laboral sin distinción de su temporalidad (permanente o parcial, dentro de la empresa).

En el mismo camino aparecen las trabajadoras en estado de embarazo, o en cumplimiento de la licencia de maternidad o lactancia; también, quienes no hayan llevado su embarazo a término o sufran la pérdida del hijo que está por nacer y, en igualdad de condiciones, la madre adoptante.

De ese paralelo no se puede excluir a los prepensionados, las madres y padres cabeza de familia y los que gozan de fuero sindical. En todo caso, siempre serán acreedores de esta protección quienes invoquen indefensión, vulnerabilidad y debilidad manifiesta.

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Lo que antecede, argumenta que son trabajadores aforados por la condición de Estabilidad Laboral Reforzada, que en muchos casos desconocen su virtud y poder vinculante a través de la constitución.

Ab. Natalia Jaimes Lúquez
Especialista en Derecho Laboral

*Exclusivo para actualícese.com

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  • 12 septiembre, 2016
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