Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Un decreto del Ministerio de Hacienda resolvería el rifirrafe en la industria de los licores y vinos, y la Federación Nacional de Departamentos, por cuenta de los impuestos que pagan estos productos en el país.
La historia también involucra al Dane, entidad que tiene la tarea de determinar el precio de venta al público de cada una de las bebidas alcohólicas que se comercializan en el país, de tal modo que, con esa base, se fija cuánto gravamen deben pagar por su venta.
Este mandato se lo dio el Congreso al Dane, cuando aprobó la ley de licores en el 2016, específicamente dictando que “deberá certificar (antes del 1.° de enero de cada año) la base gravable para cada uno de los productos específicos sujetos al impuesto al consumo o participación”.
En la norma, el Gobierno reglamentaría la ley de licores y determinaría que los precios finales se tomarían de varios lugares de comercialización, entre los que están tiendas de barrios, supermercados, cigarrerías, tiendas por departamento, entre otras.
Fuente: Portafolio.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
