Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Rafael Serrano Urdaneta, Gerente de Pronavícola S.A., afirma que el Gobierno le tiene miedo al costo político de una verdadera y estructural reforma tributaria, factor que debe acompañarse de una campaña de austeridad y reducción del gasto público, aspectos que no se ven. Afirma que los evasores deben tener verdaderas penas económicas e incluso ir a la cárcel.
Rafael Serrano Urdaneta, Gerente Pronavícola S.A.
Recientemente Andrés Valencia, presidente de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia – Fenavi, se mostraba preocupado porque la principal preocupación del gremio frente a la reforma tributaria es que debilita su posición competitiva y al sector le costará más de $110.000 millones los próximos años. La importación de materias primas también se vería afectada por la devaluación del dólar.
Profundizamos en el tema de los efectos de la reforma tributaria en dialogo con Rafael Serrano Urdaneta, Gerente de Productora Nacional Avícola – Pronavícola, una de las líderes a nivel nacional, sobre la forma en que los empresarios colombianos se ven afectados por la «improvisación» del Gobierno y su forma de generar más y más impuestos.
Definitivamente lo que el Gobierno muestra con este manejo es improvisación y busca matar el problema del momento, pero no entrega soluciones estructurales. Le tiene miedo al costo político de una verdadera y estructural reforma tributaria.
El principal problema de todos es la demora de seis meses en la devolución del IVA. Eso es un claro abuso de la DIAN. Retener unos recursos que no son de ellos sino de las empresas que ya los pagaron, es una arbitrariedad. No saben que más hacer para aburrir a los empresarios que pedimos la devolución del IVA, pero resulta que los márgenes de rentabilidad de nuestro sector no permiten olvidarnos de dicha devolución y dejar que ese monto se vuelva costo, pues automáticamente pasaríamos a tener perdidas en nuestra operación.
Es la típica improvisación del Gobierno de la que hablábamos anteriormente. El Impuesto a la Riqueza es absurdo pues hay muchos activos que no son productivos, pero si generan la carga fiscal. Mejor sería un Impuesto a las Utilidades, de esta manera lo pagan quienes las generan. Si yo tengo un montaje de una planta, pero aún no arranca, como están las cosas, esa planta genera el mal llamado Impuesto a la Riqueza. El CREE es otro impuesto que no incentiva la contratación de personal de manera formal.
En el sector avícola la verdadera tasa de tributación está en el 58%. ¿Qué más quiere el Gobierno cobrar? Entendemos que una reforma estructural debe acabar con una serie de exenciones que tienen muchos sectores de manera injustificada, que seguramente en algún momento tuvieron validez, pero que en el momento no. Debe venir acompañado también de una campaña de austeridad y reducción del gasto público, que por ningún lado se ve. Este es un Gobierno que está derrochando los recursos de una manera muy poco responsable.
Dependiendo de los nuevos impuestos que vengan sería el nivel de afectación sobre la capacidad de generar nuevos puestos de trabajo formal por parte de la clase empresarial. No es una afirmación que se pueda hacer de manera generalizada.
El Gobierno en repetidas oportunidades ha comentado lo conveniente que es aumentar la bancarización de la economía. Lamentablemente, impuestos como el 4×1000 que se definen erróneamente como temporales, van en dirección contraria. Una buena parte del movimiento de la economía se hace en efectivo o mediante múltiples endosos de cheques, para evadir el pago del 4×1000. ¿Quién le cree al Gobierno que este impuesto va a ser desmontado en algún momento? ¡Nadie! El mismo gobierno se ha encargado de ello. En varias ocasiones ha definido fechas de desmonte que no han sido cumplidas. se encontraron con un monto interesante y muy fácil y rápido de recaudar.
Estos impuestos afectan a las empresas y personas formales. A los informales muy poco los tocan. Además, y como si fuera poco, es un impuesto que no se puede descontar como gasto. Después hay que tributar sobre el monto pagado como si fuera utilidad.
Esta reforma, adicionalmente, tuvo el mico del manejo de la forma de fijación de precios de los combustibles. ¿Cómo se justifica que en USA el galón baja de US$ 4.30 a US$ 1.70 hoy en día y en Colombia todo lo que recibimos de reducción son mínimos montos de $ 100 por galón de vez en cuando? No nos digamos mentiras, los precios de combustibles en Colombia están altos y no bajan, en parte por la alta carga impositiva que tienen. Cerca del 30% de diferentes impuestos paga un galón de gasolina.
Esta reforma me parece un parche más al Estatuto Tributario. Son paños de agua tibia. No soluciona de manera estructural las inequidades, perjudica a los empresarios formales, incentiva la informalidad y la evasión. ¿Positivo? No le veo nada. Me parece una equivocación más con el afán de cubrir el deficit fiscal de la Nación y por ningún lado viene acompañada de serios programas de austeridad en el gasto.
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