Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Pedro Lozano, contador público y auditor forense, afirma que Colombia es un país adelantado en sensibilización y ejecución de programas contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo y destaca que la Supersociedades cuenta con procedimientos y herramientas para mitigar los riesgos.
Pedro Humberto Lozano Carrillo, contador público y auditor forense especializado en control gerencial corporativo y en detección de fraudes financieros, investigación financiera y del fraude, afirma que las empresas deben realizar esfuerzos importantes para lograr implementar un sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo –Sarlaft–.
“Esta es una realidad que afecta potencialmente a las compañías, ya que las hace susceptibles a que personas al margen de la ley quieran aprovechar o hacer uso inadecuado de los recursos de la organización. El lavado de activos y financiación del terrorismo es un tema que no debe ser visto en las organizaciones sólo como una preocupación normativa, sino como un riesgo que hay que mitigar y, para ello, se debe contar con todo el apoyo de la organización”, afirma.
Según el experto, este es un delito que afecta a todos en el país por las grandes implicaciones sociales, económicas y políticas que de éste se derivan y, por ello, subraya la necesidad de que las organizaciones vean este tema como prioridad y le den todo el apoyo a su oficial de cumplimiento en cuanto a recursos, canales de comunicación y autonomía para tomar decisiones.
Este auditor forense especializado piensa que el principal reto al implementar el Sarlaft es lograr aprobación por parte de la organización, generando confianza y relevancia, de forma que no sea un tema solamente de cumplimiento de la norma, sino de responsabilidad como compañía hacia el país y ante la situación de alto riesgo que existe frente a este tipo de delitos.
«En Colombia estamos adelantados tanto en sensibilización como ejecución. Una de las fortalezas del país es que le hemos dado al tema la relevancia que amerita. Para los oficiales de cumplimiento, esto es muy importante pues es la garantía de contar con los recursos idóneos para llevar a cabo la implementación con los estándares requeridos. En este sentido, el rol de la Supersociedades ha sido clave pues ha dispuesto manuales, procedimientos y herramientas adecuados para mitigar los riesgos implícitos», dice.
Lozano Carrillo ha participado en foros de actualización y mejoramiento de la norma junto con otros representantes del sector, con quienes ha trabajado para apoyar a la superintendencia en corregir algunos vacíos identificados.
«Un ejemplo de ello es el perfil del oficial de cumplimiento, pues no hay claridad sobre el perfil y el rol que la persona debe cumplir en la organización. Mi recomendación es que esa persona tenga conocimiento en manejo de riesgos, su evaluación e identificación. Adicionalmente, recomiendo que sea una persona que pueda sentarse en una junta directiva, que tenga una relación cercana con el presidente de la organización y pueda levantar alertas y proponer soluciones», explica.
Desde su punto de vista, el Gobierno tiene una gran cobertura de empresas a través del Sarlaft. «El ejercicio y trabajo que ha realizado el Gobierno es muy positivo al enmarcar todo el país, en cierta medida, en la prevención y protección, lo que va de la mano con la visita del Fondo Monetario Internacional el año anterior».
Carrillo considera que es necesario que el sector público siga el ejemplo del sector privado y adopte estas políticas, «ya que el sector público también está expuesto y en aras de ingresar a un organismo internacional, es importante que en consecuencia del nivel de riesgo, el sector público se fortalezca y se cierren esas brechas a perpetradores del delito».
* Con información de Huella Forense.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
