Las familias ricas podrían dejar de consumir grandes cantidades de productos de la canasta familiar. Por su parte, las familias de escasos recursos continuarán mercando en las plazas donde no les cobran IVA. No tiene lógica que el Gobierno les compense a estas últimas un IVA que nunca han pagado.
Una vez estudiado el texto del proyecto de ley de financiamiento radicado el 31 de octubre de 2018, destacamos varias deficiencias entre las propuestas planteadas por el Gobierno, que deberían ser corregidas mientras se le da el respectivo trámite en el Congreso.
El Gobierno indica que, si los bienes de la canasta familiar que hasta ahora han estado excluidos y/o exentos de IVA se gravan con un impuesto del 18 %, se lograría que las pocas familias ricas de Colombia no se sigan beneficiando al ahorrarse el tributo sobre tales bienes.
Además, como la gran mayoría de familias de pocos recursos se empezaría a ver afectada por el cobro de un IVA tan alto en sus alimentos básicos, el Gobierno propone hacerles una “compensación” bimestral de 3 UVT (hoy $99.468), pero solo al 30 % de ellas. Esto se haría con dineros que se les otorgarían a quienes figuren como inscritos en el Sisbén.
Si la propuesta del Gobierno se llevara a la práctica, podría suceder que:
Pensamos que, en la práctica, la propuesta de gravar a los productos sensibles de la canasta familiar con un IVA del 18 % solo serviría para que se frenen las ventas del sector empresarial, o para que se frenen las labores en las fundaciones y demás entidades humanitarias; incluso, para que se efectúen inadecuadas compensaciones con los recursos públicos.
Lo mejor sería gravar dichos bienes con una tarifa más pequeña (quizás del 2 %), y solo devolver el IVA a las familias pobres que demuestren que efectivamente pagaron dicho impuesto.
De hecho, sería mejor pensar en gravar con un IVA, aunque sea pequeño, a las exportaciones de muchos bienes y servicios que actualmente son operaciones totalmente exentas.