Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Para Daphne Álvarez se debe garantizar la financiación pública de las campañas políticas sin dar cabida a las empresas político-criminales.
Opina que los incentivos a la corrupción deberían eliminarse.
Se necesita un Consejo Nacional Electoral independiente y con capacidades para ejercer su labor.
Daphne Álvarez Villa es economista de la Universidad Nacional de Colombia, PhD en Economía de la Universidad de Munich, Alemania, e investigadora de Fedesarrollo. Es una de las profesionales que participó en la elaboración del estudio «Factores políticos e institucionales asociados a la corrupción en gobiernos subnacionales en Colombia».
Asegura que las personas no se dan cuenta cómo la corrupción, entendida como robo, abuso del poder, clientelismo, está detrás de estos problemas.
La corrupción se origina de forma importante en la financiación de campañas políticas. El mecanismo es el de una inversión. Se captan recursos para la campaña con la promesa de un rendimiento a cambio, ya sea mediante la adjudicación de un contrato público, un favor, un puesto o el favorecimiento de intereses particulares en el diseño y ejecución de las políticas públicas.
De esta manera se desvían los recursos públicos hacia los funcionarios y personas privadas que participan del esquema corrupto, en detrimento del uso correcto de estos recursos.
Sí, falta control. Especialmente sobre el presupuesto del gobierno nacional que llega a las regiones. El proceso de asignación del presupuesto de inversión regionalizada carece de transparencia, no está sujeto a la rendición de cuentas, y termina siendo un medio de pago de favores políticos dentro de redes de corrupción que involucran el nivel central y local.
No debe entenderse control como requisitos burocráticos. El control efectivo implica que tales requisitos producen un cambio en los incentivos de las personas que participan en el proceso de asignación, de modo que los recursos no son robados o desviados de su uso eficiente.
Por ejemplo, cuando hay reglas transparentes en la asignación, y se exige la rendición de cuentas con resultados verificables a partir de la inversión de los recursos.
Hace falta sobre todo un cambio en los incentivos perversos que generan el sistema político y la falta de control electoral. Las medidas drásticas pueden disuadir mejor si se fortalece la detección.
Siguiendo con lo que mencioné antes, deben eliminarse los incentivos a la corrupción. Se debería garantizar la financiación pública de las campañas políticas sin dar cabida a ‘inversionistas’ o las denominadas empresas político-criminales.
Se necesita un Consejo Nacional Electoral independiente y con capacidades para ejercer su labor, así como la visibilidad del proceso legislativo, donde los ciudadanos conozcan qué votan sus representantes y quiénes son los autores de enmiendas.
Se requiere la asignación transparente y reglamentada de recursos con rendición de cuentas.
Las personas se quejan por muchas cosas que pasan en el país y que claramente nos afectan a todos, y no se dan cuenta cómo la corrupción, entendida como robo, abuso del poder, clientelismo, está detrás de estos problemas. Se necesita pedagogía sobre esto.
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