Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
La propuesta de este impuesto fue suprimida por completo y, según el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, nunca se realizó un debate al respecto, pues las mentiras entorpecieron dicho tema. Este grupo de bebidas representa la tercera parte de las utilidades de los tenderos nacionales.
El mes de diciembre del año 2016 fue clave para la propuesta de un tributo a las bebidas azucaradas incluida en la versión inicial de la reforma tributaria. En el sexto día de dicho mes, los representantes Óscar Ospina, Víctor Javier Correa y Jaime Serrano radicaron una proposición aditiva al proyecto de reforma tributaria que se discutía en el Congreso con el propósito de revivir el impuesto a las bebidas azucaradas.
Estos congresistas plantearon la inclusión de un artículo nuevo al estatuto tributario. En esencia, la propuesta gravaba el consumo “de bebidas azucaradas, la producción y consecuente venta o importación de las mismas”. Por tanto, se incluían “las gaseosas carbonatadas, bebidas energizantes, bebidas hidratantes para deportistas, tés, bebidas con jugos, zumos, pulpas o concentrados de fruta, néctares o refrescos de fruta, bebidas saborizadas y en general todas las bebidas que tengan azucares añadidos o edulcorantes”.
El impuesto también se extendería a “concentrados, polvos y jarabes que, después de su mezcla, permiten la obtención de bebidas azucaradas, energizantes, tés, hidratantes para deportistas o saborizadas”, pero excluía a los derivados lácteos u otros productos para recomponer que se empleen para componentes nutricionales, fórmulas infantiles o a medicamentos.
A comienzos de diciembre de 2016, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, presentó ante el Congreso la ponencia de la reforma tributaria, en cuyo texto no fue incluido el polémico tributo a las bebidas azucaradas que había sido planteado en las discusiones previas.
Mientras los analistas de la cartera de Hacienda no percibieron la importancia de este tributo, funcionarios del Ministerio de Salud sostenían que gravar estos productos sería un aporte clave en la lucha contra las enfermedades asociadas al azúcar. Algunos opositores, como los comerciantes e industriales, argumentaban que en México, uno de los países donde existe el tributo, dicha medida no ha reducido los índices de obesidad.
Finalmente, la propuesta de este impuesto fue suprimida por completo pues, desde el punto de vista de los congresistas, también se imponía a una gran cantidad de productos de consumo de hogares de bajos recursos, lo que afectaría a esta población.
Para el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, el tributo era una medida valiosa, como también lo manifestó el apoyo de la Organización Mundial de la Salud –OMS–, que pedía al Gobierno considerarlo parte de una estrategia de salud pública destinada a prevenir la diabetes y la obesidad.
Así mismo, organizaciones académicas y de la sociedad civil respaldaron la propuesta del Ministerio, mientras que expertos internacionales, varias escuelas de salud pública, agremiaciones médicas colombianas, agencias de las Naciones Unidas y la Organización Panamericana de la Salud manifestaron su apoyo público.
Sin embargo, gremios y varios congresistas combatieron la medida propuesta, desde el punto de vista de Gaviria, con falsos argumentos: las gaseosas poco tienen que ver con la obesidad, miles de tenderos van a quebrarse, la bandeja paisa es más dañina, el recaudo será para las EPS, etc.
Como lo publicó el diario El Espectador, «los lobistas repitieron una y otra vez un argumento contradictorio, a saber: que la medida tenía un impacto sustancial sobre la economía, pero deleznable sobre la salud pública. “O lo uno o lo otro”, les dijo un profesor mexicano, bien entrenado en la economía política de los refrescos. Con todo, nunca se rebatieron los dos argumentos principales: el consumo de gaseosas sí está asociado a la obesidad y la diabetes y los impuestos sí disminuyen el consumo».
En diciembre de 2016, mientras el ministro recurría a cualquier oportunidad para manifestar su apoyo a dicha medida, se confirmó que el artículo había sido excluido de la ponencia. Según Gaviria, las mentiras propagadas por varios congresistas ocasionaron el rechazo a la propuesta que, en realidad, nunca llegó a debatirse en el Congreso de la República.
Guillermo Botero, presidente de Fenalco, señaló que la propuesta del impuesto para las bebidas azucaradas generó un descontento generalizado. Para el dirigente gremial, dicho punto debía ser excluido a causa del impacto que sufrirían los comerciantes. De acuerdo con Botero, este grupo de bebidas resulta imprescindible para las ventas de los tenderos, pues asciende a la tercera parte de sus utilidades.
Así lo afirmó el dirigente a Portafolio antes de la aprobación de la reforma definitiva: “Le entregamos al Congreso las firmas de 20.000 tenderos que se están oponiendo a ponerles impuestos a las bebidas azucaradas, porque las cuentas que se hacen es que estas representan el 20% de las ventas, pero el 30% de las utilidades”.
Otro punto de vista tenía la escuela Johns Hopkins Bloomberg of Public Health, la cual envió una carta al ministro Gaviria manifestando su respaldo a dicha propuesta, que calificó como “un esfuerzo innovador el de introducir un impuesto a las bebidas azucaradas en Colombia”.
Según las autoridades de dicha entidad, el impuesto de $300 por litro en la producción y posterior venta o importación de bebidas azucaradas era una medida acorde con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Además, la carta sostenía que este tributo entregaría los fondos necesarios para implementar programas de inversión en el sector de salud y, de igual manera, “Un importante beneficio adicional de este impuesto es que reducirá el consumo de bebidas azucaradas, el cual contribuye a problemas como la obesidad”.
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