Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Gustavo Cote afirma que el recaudo no puede enfocarse en los asalariados ni en los trabajadores independientes, ya que no tienen capacidad económica para aportar más.
Muchas normas del Estatuto Tributario pecan por su confusa redacción y reflejan la gran complejidad del sistema impositivo colombiano.
Gustavo Cote, exdirector de la Dian afirma en entrevista con Actualícese que el Fondo Dian para Colombia es esencial si se busca tener una administración de impuestos moderna, más especializada y con mayor capacidad de control, que cuente con sistemas robustos y mayor personal calificado.
Según lo manifestado por los funcionarios del Ministerio de Hacienda, la próxima reforma tributaria incluirá medidas orientadas a obtener una mayor recaudación.
Con seguridad dicha reforma incorporará las conclusiones de la Comisión de Expertos que empezó a operar hace algunos días para revisar las exenciones, exclusiones, beneficios y tratamientos preferenciales contemplados en la legislación actual, los cuales implican un gran sacrificio fiscal.
También deberá mirar a las personas naturales, pero no puede enfocarse en los asalariados ni en el grupo de los trabajadores independientes, porque ellos no tienen capacidad económica para aportar más.
Las personas naturales que deben ser objeto de consideración en la propuesta deben ser aquellas que cuentan con altos ingresos y una significativa riqueza representada en patrimonios de altos valores, hoy ubicados al margen de la tributación o al menos en niveles bajos en el pago de sus impuestos.
Este es un grupo de empresas que obtienen grandes utilidades por los servicios estratégicos que prestan y los bienes digitales que ofrecen a la generalidad de la población en el mundo. Utilidades que resultaron incrementadas por el papel que han jugado durante la pandemia.
Por ello, la mayoría de los países está impulsando medidas tributarias para incorporarlas a su tributación con cargas adicionales a las existentes.
En los últimos años se ha venido planteando la necesidad de exigir el pago de mayores impuestos a empresas como Apple, Facebook, Amazon, Netflix, Google, en función de los usuarios que poseen en cada país, sin importar su domicilio o el lugar de registro de patentes, licencias o marcas.
Colombia ha avanzado en esta línea al aprobar el IVA por la prestación de servicios desde el exterior y considerarlos gravados cuando el usuario o destinatario de tales servicios está domiciliado o residenciado en el país, el cual pesa en parte sobre ellas.
España, por ejemplo, adoptó un impuesto especial que grava los servicios de publicidad y de intermediación en línea y a la transmisión de datos a usuarios ubicados allí. Otros países están transitando por un camino similar.
Por lo tanto, no sería extraño que la nueva reforma se ocupe de este punto específico para obtener mayor recaudación.
El Marco Fiscal de Mediano Plazo dado a conocer en junio pasado así lo planteó. En este documento se menciona que los impuestos verdes aportan en los países de la OCDE el 1,56 % del PIB; en los países emergentes, el 1,51 %; y 1,1 % en los de Latinoamerica. En contraste, en nuestro país estos tributos apenas representan una recaudación que esa escasamente llega al 0,6 % del PIB.
Los cambios seguramente se enfocarán en modificar algunos de los elementos existentes (base gravable y tarifas) e incluso podría pensarse en que se incluyan otros nuevos.
Debe destacarse que esta clase de impuestos persiguen fundamentalmente desestimular actividades que conllevan un deterioro del medio ambiente.
El Estatuto Tributario actual ha sido afectado por un sinnúmero de reformas legales que se han producido desde 1989, cuando fue expedido su primer texto, en cuya redacción tuvimos ocasión de participar con otros colegas y, por tanto, hoy por hoy comprende 916 artículos.
Hay que reconocer que muchas de sus normas pecan por su confusa redacción y reflejan la gran complejidad del sistema impositivo colombiano. Complejidad que, como todos saben, dificulta la debida y correcta aplicación de sus preceptos, tanto por los contribuyentes como por parte de la administración tributaria cuando ejerce su función de control y fiscalización.
A lo anterior se suma que, por la forma como se han ido adoptando las nuevas disposiciones que lo han adicionado y modificado, así como por los motivos que las han inspirado, la estructura de los impuestos existentes en la práctica pecan por dificultar la materialización de los principios rectores de la equidad, la justicia, la progresividad y la eficiencia contemplados en la Constitución Política como presupuestos del sistema colombiano.
Por dicho panorama nadie duda de la necesidad de hacer un alto para revisar su contenido y buscar adoptar uno nuevo, que además de rescatar tales principios convierta este régimen legal en uno más sencillo y amigable para los obligados.
La tributación en las sociedades modernas es la forma más noble de materializar la solidaridad con los demás, pues en la medida en que el Estado pueda contar con los recursos que ella origina podrá cumplir sus fines en beneficio de toda la sociedad.
Recordemos que Colombia, desafortunadamente, es un país que muestra grandes desigualdades y una gran concentración de la riqueza en pocas manos.
Por ello, el impuesto a los grandes patrimonios es un imperativo que debe mantenerse y mejorarse en función del reducido grupo que posee capitales considerables, con el fin de lograr una mayor recaudación y así, con una buena administración de los recursos que origine, es decir, protegidos de la corrupción y ejecutados con responsabilidad y enfoque social, permitan superar en alguna forma esta difícil realidad.
Ese Fondo es esencial si se desea una administración de impuestos moderna, más especializada y con mayor capacidad de control, que cuente con sistemas robustos y más personal calificado.
No puede olvidarse que el flagelo de la evasión y el contrabando presentan guarismos que implican grandes cantidades de recursos tributarios que no llegan a las arcas públicas.
La única forma de adelantar una lucha efectiva contra estos virus económicos es contar con una institución que reúna las características mencionadas, y para ello se requieren los recursos que se han destinado para la modernización de la entidad a través de dicho fondo.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
