Impuesto al carbono: tributo para afrontar el cambio climático y la desigualdad en Colombia


23 noviembre, 2021

Para Diana León, modificar el impuesto al carbono es una tarea pendiente en el país.

Según el Observatorio Fiscal de la Javeriana, el énfasis en la agenda de impuestos verdes es una oportunidad desaprovechada.

Hay que ampliar los precios del carbono para combinar equidad y mitigación del cambio climático.

El cambio climático anda en boca de todos. Y con mayor razón luego de la realización del COP26, cuyo objetivo fue reforzar la respuesta global a la amenaza del cambio climático y controlar el aumento de la temperatura mundial en este siglo para que no supere los 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Se busca que el límite de aumento de la temperatura sea de 1,5 grados centígrados.

Diana León, economista y magíster experta en cambio climático e investigadora de Dejusticia, afirma que Colombia dejó pasar una oportunidad al dejar por fuera de la nueva reforma tributaria, Ley 2155 de 2021, a los impuestos verdes como una estrategia de financiamiento del Gobierno y de los recursos ambientales del país:

La modificación del impuesto nacional al carbono, por ejemplo, es una de las tareas pendientes que tiene el país. Este debería ser uno de los elementos que se aborde en la reforma tributaria que probablemente tendrá que tramitar el nuevo gobierno que se elija en nuestro país el próximo año.

Desde el punto de vista del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, como lo describe en su análisis Cambio climático, impuestos y supervivencia: por qué nos debe importar la COP26, el énfasis actual en la agenda de impuestos verdes parece una oportunidad no aprovechada, en la medida en que las recientes disposiciones en materia tributaria se concentraron en los impuestos pagados por las empresas.

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Sin embargo, hay un camino abonado en el tema y «el proceso hacia la consolidación de los impuestos verdes como una fuente de financiación más amplia de las cuentas públicas parece, en cualquier caso, bien encaminada».

En el artículo Qué podemos esperar de la COP26, Jorge González y Paula Martínez afirman que alrededor de este tema las presiones políticas y económicas son evidentes:

Los gobiernos han demostrado que son incapaces de imponer reglas a las grandes industrias contaminantes. Por ejemplo, el impuesto al carbono debería ser de 50 dólares por tonelada, pero en Colombia es de apenas 5 dólares.

Impuesto al carbono como protagonista del cambio climático

“Una de las soluciones planteadas por el BM es ampliar los precios del carbono para combinar la equidad y mitigar el cambio climático”

El 27 de octubre de 2021, a través del informe Hacia la construcción de una sociedad equitativa en Colombia, el Banco Mundial –BM– señaló que el país está entre los más desiguales a nivel global. En uno de sus capítulos indica que llegó el momento de abordar el efecto del cambio climático en la desigualdad.

Una de las soluciones planteadas por el BM es ampliar los precios del carbono para combinar la equidad y mitigar el cambio climático, lo que podría requerir:

  • Ampliar la cobertura del impuesto al carbono a nuevas fuentes de emisiones.
  • Ajustar el nivel del impuesto al carbono.
  • Introducir un sistema de comercio de emisiones mediante la regulación de la Ley 1931 de 2018 para impulsar la equidad.

Estas medidas deberían combinarse con reformas que permitan reciclar los ingresos para aumentar la equidad, por ejemplo, reduciendo la brecha fiscal, especialmente, en los salarios más bajos.

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Cuatro impuestos ambientales que no vieron la luz

Desde el Observatorio se recuerda que el primer proyecto de ley de reforma tributaria que retiró el Gobierno luego de la protesta social incluía un paquete de cambios que incentivaban el uso de energías limpias y reducían la contaminación, con lo que se buscaba recaudar por lo menos 3,48 billones de pesos anuales.

Una primera iniciativa planteada era modificar el impuesto al carbono para incluir a todos los combustibles fósiles, medida con la cual se reducirían las emisiones del país para el año 2030 en un 6 %. Con este tributo se buscaban obtener 1,2 billones de pesos anuales sin la transición, que podría tener unos 660.000 millones de pesos adicionales.

La segunda propuesta era introducir un impuesto local a los vehículos para contrarrestar los efectos de la contaminación en las ciudades. Este se aplicaría según las características del vehículo, e incluía motos, transporte de carga y el transporte público.

Con este tributo se buscaba recaudar 1,7 billones de pesos al año más los recursos por contaminación, que serían de 440.000 millones de pesos.

Un tercer impuesto estaba enfocado a los plásticos de un solo uso, con el que se esperaba recibir 14.000 millones de pesos al año.

Un cuarto impuesto estaba dirigido a crear un tributo al consumo de plaguicidas no orgánicos para reducir la contaminación del suelo. La tarifa sería del 8 % por el uso de estos elementos y se buscaba recaudar 60.000 millones de pesos.

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