Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
El impuesto predial es una de las más importantes fuentes de ingresos propios para los municipios, y de esta manera no depender tanto de los recursos que el Gobierno central les transfiere. Fue así y para cumplir con dicho objetivo se incluyó un aumento gradual de este gravamen en la ley que contiene el Plan Nacional de Desarrollo.
El inconveniente que se viene presentando es que cada vez se conocen más casos de municipios donde decisiones anómalas terminan otorgándoles a ciertas propiedades usos que no corresponden con la realidad. Esto hace que sus dueños paguen sumas mínimas por tal concepto.
Una investigación realizada por la Universidad del Rosario habla de una nociva asociación entre el poder político local y la toma de decisiones sobre el pago de impuestos sobre la tierra.
Estas están en manos de alcaldes, responsables de la actualización catastral del municipio, y de los concejales, encargados de fijar las tarifas y de establecer exenciones. Así que la definición sobre cuánto deben pagar los propietarios de predios muchas veces termina sujeta a cálculos políticos.
Existen diversos obstáculos de orden político, social y económico que distorsionan el diseño de tarifas óptimas y el recaudo, lo que deja a las localidades con ingresos menores a su potencial.
Una de las conclusiones de la investigación El impuesto predial en Antioquia: hacia un recaudo óptimo, que realizaron Eafit y la Gobernación afirma que “pareciera que la mayor dependencia a los ingresos que reciben los municipios del Estado generara pereza fiscal para recaudar algunos propios”.
Construir casaquintas, fincas lujosas y condominios en predios rurales a las afueras de las ciudades, fuera de ser un lujo, se ha convertido en un gran negocio. Las casas, con piscina, canchas de tenis y hasta campos de golf, por estar en predios rurales pagan mínimas cifras por concepto de impuesto predial.
Lo anterior porque el valor de la tierra, que determina su avalúo y su impuesto, es tasado como si se tratara de un humilde predio campesino que se destina a uso agrícola, pese a que es usada para todo, menos para sembrar.
Por ejemplo, hasta el resort Villa Valeria, construido por el expresidente de Saludcoop Carlos Gustavo Palacino, llegó una comisión para revalorar los predios, ya que se descubrió que varios aparecen avaluados en $8’000.000 y solo pagan un impuesto predial de entre $21.000 y $35.000 al año.
Este fenómeno se ha identificado en ciudades como Cali, Cartagena, Barranquilla y Bogotá, donde se han encontrado «mafias de licencias de construcción, que les hacen trampa a los planes de ordenamiento territorial al permitir estas construcciones en supuestos suelos agrícolas», como publica El Tiempo.
Así lo asegura la investigación El impuesto predial en Antioquia: hacia un recaudo óptimo, que realizaron Eafit y la Gobernación. La medida de evasión evaluada es la diferencia entre el recaudo potencial del impuesto predial y el recaudo efectivo por parte de cada municipio para el año 2010. Como lo publica El Colombiano, municipios como Amagá, Arboletes o San Juan de Urabá, presentan tasas de evasión superiores al 90% en los dos escenarios, lo que se conveirte en un problema estructural.
Por otra prte, la investigación destaca los casos de El Santuario y Armenia cuya tasa de evasión es bastante baja en ambos escenarios, 17% y 3% respectivamente.
El secretario de Hacienda de Bogotá, Ricardo Bonilla, confirmó que la Alcaldía le pedirá al Concejo que eleve de 9,5 por mil a 16 por mil la tarifa del impuesto predial que pagan los predios con avalúos altos, dentro del proyecto de modernización tributaria.
Si el Concejo llega a aprobar la solicitud de aumento, el impuesto no subirá de golpe para los contribuyentes, porque la ley establece que se haga en cuatro años.
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