Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Colombia cuenta con cinco impuestos verdes o ambientales cuya creación, al margen de cuidar el medio ambiente, es que se conviertan en fuente de recaudo tributario. En los países de la OCDE la recaudación de este tipo de impuestos duplica en términos del PIB a lo que se recauda en nuestra región; 1,56 % vs. 0,75 %.
En la publicación Análisis editada por Fescol-Colombia, se encuentra el artículo Impuestos ambientales y equidad: desafíos para América Latina y el Caribe de Leonardo Vera, doctor en economía de la Universidad de East London, en el cual se destacan los avances que está llevando a cabo Colombia en materia de impuestos ambientales.
El artículo resalta que en nuestro país existen cinco impuestos verdes o ambientales: el de aprovechamiento forestal, el de la utilización de aguas y vertimientos puntuales, el de transferencias del sector eléctrico y sobretasa a los peajes (que principalmente están regulados por la Ley 99 de 2013); y dos que fueron incorporados mediante la reforma tributaria del 2016: el impuesto al carbono, que recae principalmente en el uso de la gasolina, y el impuesto al uso de las bolsas plásticas.
En América Latina y el Caribe varios países tienen impuestos que gravan a los combustibles y estos parecen ser los más usados. Son impuestos ambientales en su concepción más amplia, si bien su creación ha respondido principalmente a la necesidad de generar un recaudo tributario.
«Según datos de la Cepal en el 2009, Argentina recaudó algo más del 1 % del PIB por concepto de impuestos a los combustibles; Paraguay recaudó 1,55 % del PIB por igual concepto, y Chile también recaudó un porcentaje considerable (0,82 % del PIB) por medio de su impuesto a los productos específicos a los combustibles que contempla derechos de explotación, combustibles automotrices, petróleo, diésel, automóviles a gas licuado y otros. Otros países como Colombia, recaudaron 0,28 % del PIB y el 0,57 % del PIB, respectivamente en el 2009», ejemplifica la publicación.
Vera destaca que los países de América Latina y el Caribe han desarrollado durante los últimos años algunos impuestos para atender objetivos ambientales, aunque en ningún caso la introducción de los instrumentos ha formado parte de un enfoque integral que incorpore las dimensiones medioambientales en la definición de los sistemas tributarios de los países. En sentido estricto, en los países de América Latina y el Caribe no se han implementado reformas fiscales ambientales en sentido estricto.
Según datos del año 2013, en los países de la OCDE la recaudación de impuestos relacionados con el medio ambiente duplica en términos del PIB a lo que se recauda en nuestra región. Tomando en consideración que los ingresos por impuestos ambientales en los países de la OCDE estuvieron en un promedio de 1,56 % del PIB, el promedio para América Latina y el Caribe podría ubicarse hoy día en cerca de 0,75 % del PIB.
«Pero los promedios pueden ser engañosos, pues los ingresos generados por estos impuestos varían entre los países latinoamericanos. De hecho, el resultado recaudatorio no es del todo bajo en algunos países, donde incluso los ingresos pueden estar a la par de tributos homólogos implementados en países de la OCDE», advierte el artículo.
Para el autor, si bien los impuestos ambientales gravan aquellas bases imponibles que tienen impacto negativo específico comprobado contra el medio ambiente, estos pueden tener un impacto adverso en la equidad, si los hogares de menos recursos gastan proporcionalmente más en este tipo de bienes, y son menos elásticos al incremento de precios de bienes o servicios relacionados a las externalidades ambientales.
Por otra parte, «los impuestos ambientales pueden ayudar a reducir la necesidad de recaudar en otros impuestos que pueden ser comprobadamente regresivos o ineficientes, y en ese caso el sistema tributario tendería a volverse más progresivo y eficiente», indica el artículo.
Para Vera, lo cierto es que el verdadero impacto distributivo de los impuestos ambientales depende del tipo de impuesto, del diseño de los mismos, de la naturaleza del bien gravado y de las especificidades de las economías a las que estos se aplican.
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