Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.

Inclusión laboral: un desafío para el posconflicto


Inclusión laboral: un desafío para el posconflicto
Actualizado: 3 octubre, 2016 (hace 7 años)

Luego del ejercicio político del plebiscito sobre los acuerdos de paz, debemos replantearnos una Colombia que sea ejemplo de reconciliación, con el firme propósito de generar desarrollo social, y este se logra a través de la inclusión en todos sus factores.

Sin el objeto de establecer paralelos acerca de los anteriores procesos de paz realizados con los diferentes grupos al margen de la ley, en los diálogos actuales Colombia no solo busca silenciar a los fusiles sino además extinguir la desigualdad social. La apología al delito proferida por dichos grupos obedece a la falta de garantías proporcionadas por los gobiernos, que intervienen precariamente en la solución de las necesidades de los pueblos.

Bajo el propósito de la paz se apuesta al desarrollo de aquellos grupos sociales que entran en una etapa de desigualdad por venir de la guerra y el logro final será la conformación de una nueva sociedad civil.

El gobierno no es el único obligado a contribuir al desarrollo de un tejido social fortalecido por los diferentes grupos étnicos, sociales, culturales y políticos que conforman a una nación; el propósito es sumar las voces y el esfuerzo de todos los colombianos, desde grupos empresariales, comunidades sociales, hasta el ciudadano del común.

Ante la intención de materializar el acuerdo de paz con las FARC, el gobierno debe cubrir aquellos riesgos que aún amenazan a la sociedad civil. Esto se extiende, más allá de la no repetición de los actos violentos, a la protección de los derechos de los desmovilizados y sus víctimas, a vivir en igualdad social y política, a garantizar la ejecución de sus derechos civiles y laborales, con miras a obtener una vejez digna que logre proteger a su núcleo familiar.

Al momento de realizar la reflexión de este artículo, se encontró que los empresarios siguen dispuestos a vincular laboralmente a quienes sean sujetos de dichos beneficios. Sin embargo, estos no deben ser dirigidos solo para algunos, pues ello supone la continuación de las desigualdades que han sido protagonistas en el país, al margen de los diversos problemas con los gobiernos.

Los estímulos irán desde la exención de impuestos a las empresas hasta la creación de subsidios para su sostenimiento. Entendamos que además de su voluntad y autonomía al generar políticas de responsabilidad social empresarial, estas no pueden ser autosostenibles ante lo que se avecina con el posconflicto; máxime si estamos ad portas de una reforma tributaria.

Una vez iniciado el año 2016, sin que aún estuviera prevista la firma del proceso de paz, ya se planteaba la posibilidad de mantener exenciones a aquellas empresas que vinculen a los desmovilizados. Sin duda, brindarles la oportunidad de trabajar pondrá en movimiento la economía, creará ambientes sociales en los que no se perturbaría la convivencia y esa tendencia deberá influir positivamente en la confianza inversionista de los extranjeros, para que Colombia pase de ser un país en desarrollo a uno desarrollado.

Recomendaciones a la inclusión laboral

Es hora de reformar sustancialmente la estructura laboral, pues los desmovilizados, con o sin la intención de ser parte de un conflicto, no han podido acceder al sistema de seguridad social integral o de los fondos de cesantías, y por tanto quienes hoy tengan edad superior a los 40 o 50 años difícilmente accederán al derecho de pensión si nunca han realizado cotizaciones. La apuesta del Gobierno debe encaminarse a garantizarles que no es tarde, y reestructurar de manera íntegra al sistema, sin que esto perjudique al resto de colombianos que con su esfuerzo no hicieron parte de aquellos grupos y siempre han buscado generar desarrollo al país. Colombia debe estar preparada para incluir social y laboralmente a quienes han intervenido en el conflicto y no esperar a que se implementen esas políticas solo ante el panorama de la necesidad.

El reto es crear políticas a favor de los grupos desmovilizados de las FARC, así como para todos los exconvictos, exparamilitares, exoficiales del ejército y exguerrilleros de cualquier grupo que quieran reincorporarse a la vida civil, y ese propósito debe incluir en especial a las víctimas de la violencia.

Incorporar a la vida civil a un reinsertado es lograr que este obtenga una identidad civil para ejercer actos como persona capaz de ejercer sus derechos y contraer obligaciones. Las recomendaciones que se hacen a juicio de esta lectura buscan, de manera respetable, que se estudie el enfoque psicológico a emplear hacia los ciudadanos, para no permitirse actos que violenten al reinsertado o revictimicen a los que ya lo son.

“Debemos prepararnos para que las mujeres tengan una protección por encima de los demás grupos, máxime si son cabezas de familia o se encuentran en estado de gestación, para que sean atendidas con todos los beneficios”

Otro objetivo también es resolver la situación del servicio militar para quienes han superado la edad de 24 años y no han podido acreditar el servicio o su compensación a fin de obtener la imprescindible libreta.

Debemos prepararnos para que las mujeres tengan una protección por encima de los demás grupos, máxime si son cabezas de familia o se encuentran en estado de gestación, para que sean atendidas con todos los beneficios.

La inclusión laboral deberá respetar los derechos de los demás ciudadanos y su estructura debe apostar a que las víctimas de la violencia también puedan gozar de esos beneficios.

Es propicio que se haga un acompañamiento económico y profesional a aquellos que deseen desarrollar su actividad económica como independientes.

Datos no oficiales ni declarados por las FARC indican que esta organización tiene alrededor de 15.000 combatientes. Se estima, según cálculos del Ejército colombiano, que tal vez unos 5.700 entrarán a conformar el grupo de desmovilización si se replantean los acuerdos. El proyecto debe mantenerse vivo para que todos aquellos con recelos a dar ese paso se vean estimulados por sus excompañeros, y pasen a hacer parte de la vida laboral en Colombia, asegurándoles que no tendrán que cometer más actos delictivos si hay garantías dentro de la sociedad.

Para finalizar, solo con la implementación de lo que, según la opinión de muchos, se necesita para reconstruir este país, podrá lograrse la paz estable y duradera que tanto predica este gobierno.

Ab. Natalia Jaimes Lúquez
Especialista en Derecho Laboral

*Exclusivo para actualícese.com

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