Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Wilmar Franco Franco opina que se debe crear una colegiatura que sea mecanismo de autorregulación de la profesión.
Deben revisarse procedimientos de registro calificado y acreditación de alta calidad.
Se requieren ajustes institucionales para fortalecer tareas de supervisión, vigilancia y control.
Wilmar Franco Franco, presidente del Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP– afirma que se requieren ajustes institucionales para fortalecer los mecanismos de supervisión, vigilancia y control, estableciendo estrategias para sancionar a quienes incumplen el Código de Ética.
Los Estándares Internaciones de información financiera y aseguramiento son solo una parte de los requerimientos de formación que debe tener un contador público. Otras áreas de competencia técnica son: contabilidad gerencial, finanzas y gestión financiera, impuestos, gobierno corporativo, gestión de riesgos y control interno, leyes y regulaciones de negocios, tecnología de la información, entorno de los negocios, economía, y estrategia de negocios y gestión.
Es de fundamental relevancia establecer mejoras en los procesos de formación, tanto en el nivel de desarrollo profesional inicial como en el del desarrollo profesional continuo, que requieren que los contadores adopten el compromiso de mantener una alta competencia y actualización profesional, tal como se resalta en el Código de Ética de la Ley 43 de 1990 y del DUR 2420 de 2015.
Adicionalmente, es de suma importancia la intervención del Ministerio de Educación, en relación con las directrices sobre el contenido de los programas de contaduría pública y la formación en los niveles técnico, tecnólogo, profesional, especialización, maestría y doctorado, así como en la formación presencial, no presencial y a distancia.
Se requiere establecer mejoras en el pilar de capacidades humanas e institucionales, y dotarlas de mayor capacidad; es un reto que debemos asumir los contadores y el Gobierno nacional.
Entre otras cosas, es indispensable generar mayor capacidad para ejercer la inspección, vigilancia y control, la necesidad de establecer requisitos de certificación y habilitación profesional más rigurosos, la creación de una colegiatura que sirva como mecanismo de autorregulación de la profesión y revisar los procedimientos de registro calificado y acreditación de alta calidad.
Le corresponde a la Junta Central de Contadores –JCC– realizar gestiones con relación a estos temas, por cuanto las tarifas cobradas deben estar alineadas con los estudios de costos realizados.
El ajuste de los costos por la expedición de certificaciones y de registro afectará en el futuro los ingresos de la JCC, y por ello se deben buscar otras formas de financiamiento de este organismo, al igual que su fortalecimiento institucional.Desde mi punto de vista, se requieren ajustes institucionales para fortalecer los mecanismos de supervisión, vigilancia y control, adoptando inicialmente un enfoque preventivo, y estableciendo estrategias claras para sancionar a quienes incumplen el Código de Ética.
El incumplimiento de los principios del Código de Ética y de la independencia afecta la confianza que los terceros depositan en los contadores públicos, y por ello es de alta pertinencia establecer sanciones para quienes caen en esta falta, así como para informar a los empresarios sobre la importancia que tiene para los contadores y el país el cumplimiento de estas disposiciones.
La guía debe ser revisada para adaptarla a las nuevas exigencias de la profesión. Actualmente, la mayoría de los contadores públicos prestan sus servicios en las empresas, y el campo de acción profesional se ha trasladado a otras áreas relacionadas, distintas de las financieras (por ejemplo, a la de reportes de sostenibilidad y aseguramiento de temas no financieros).
Es de alta pertinencia que la Junta Central de Contadores publique información sobre las áreas de ocupación de los contadores públicos, y particularmente sobre aquellos que prestan servicios en las empresas, distintos de los que prestan servicios de revisoría fiscal y aseguramiento.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
