Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Aníbal Zárate y David Ortiz, investigadores de la Universidad Externado afirman que el exceso de normas o el endurecimiento de las penas son las soluciones mágicas contra la corrupción. Dicen que entidades como la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría actúan cuando el delito ya se ha cometido.
Aníbal Zárate, director de investigaciones de la Universidad Externado afirma en Actualícese que son varios los instrumentos jurídicos adoptados por el Gobierno en materia de lucha anticorrupción. «Se ha expedido un estatuto anticorrupción, un plan anticorrupción y de atención al ciudadano, una ley para controlar el contrabando, la evasión fiscal y el lavado de activos, un código de ética y disciplinario del congresista, disposiciones en materia penal, en materia de contratación pública, normas en asuntos disciplinarios y fiscal, entre otras múltiples medidas. Sin embargo, estos instrumentos han sido poco eficaces», afirma.
Los índices basados en encuestas y en la percepción de actores clave así lo demuestran. Por ejemplo, en 1995, primer año que Transparencia International realizó la medición sobre percepción de la corrupción, Colombia obtuvo una calificación de 34 sobre 100, en donde 100 es la no percepción de corrupción. En el último reporte del año 2016 Colombia figuró en el puesto 90, con una calificación de 37 sobre 100. Han transcurrido más de veinte años en los que no ha cambiado significativamente su posición. Estos índices coinciden además con las cifras que arrojan organismos oficiales de control.
«Aquí es importante aclarar que el número de procesos disciplinarios, en responsabilidad fiscal y penales no siempre coincide, por lo que también inquieta lo que podría ser una falta de coordinación entre los distintos organismos de control. Todos estos esfuerzos y políticas adoptadas significan recursos importantes invertidos con el propósito de reducir la corrupción, por lo que también es necesario planear mejor la inversión que se está haciendo para combatir este fenómeno», recalca Zárate.
David Ortiz, PhD y magister en Economía, y docente de la Universidad el Externado dice en entrevista con Actualícese que el balance que se puede hacer de los programas gubernamentales que intentan atacar la corrupción es muy pobre. Recuerda, además, que en 2012 el Gobierno sacó adelante un paquete de medidas llamado Estatuto Anticorrupción, en el que se endurecieron las penas y sanciones para políticos y funcionarios corruptos.
«No obstante, fue precisamente después del estatuto que se dio el gran robo de Córdoba y otros sonados casos de corrupción. Pensamos que el exceso de normas, la hiperregulación de la contratación pública o el endurecimiento de las penas son las soluciones mágicas contra la corrupción, pero estas son solo algunas de sus manifestaciones», recalca Ortiz.
Es notable, dice el economista, lo que el esfuerzo de los últimos años hecho por los organismos de investigación y control, gracias a los cuales el país se ha dado cuenta de casos de corrupción. La Fiscalía (con su programa bolsillos de cristal), la Contraloría y la Procuraduría han desenmascarado redes de corrupción en diferentes sectores. «Se necesitan más esfuerzos en este sentido y, además, mejor coordinación entre estas entidades. Lo triste de esto es que estas entidades actúan «ex-post» y, una vez cometidos los actos de corrupción, es muy difícil recuperar los recursos públicos», dice Ortiz.
Para él, la mejor política anticorrupción ha sido la creación de Colombia compra eficiente, porque le ha dado transparencia a la contratación pública y ha favorecido la competencia. «Está por verse si este modelo se puede ampliar y adaptar más a las realidades de las regiones de Colombia», reflexiona.
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