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Aníbal Zárate, director de investigaciones de la Universidad Externado, afirma en Actualícese que combatir la corrupción pública requiere de frentes como la aplicación eficaz de las sanciones existentes, para prevenir y disuadir las prácticas corruptas en las entidades estatales.
Para Aníbal Rafael Zárate Pérez, director de investigaciones y editor de la revista digital de derecho administrativo de la Universidad Externado de Colombia, es importante que la lucha contra la corrupción tenga un impulso desde el ejecutivo nacional. «Combatir este flagelo debe ser una prioridad para el actual gobierno», afirma.
Desde su punto de vista, el estudio realizado por la Universidad Externado de Colombia sobre el tema muestra con preocupación que las solas respuestas represivas, como el aumento de penas o la tipificación penal de conductas como la colusión en licitaciones públicas, han sido ineficaces para erradicar este fenómeno. «El éxito o fracaso del gobierno en la lucha contra la corrupción dependerá del contenido de los proyectos de ley contra la corrupción que se presentaron», comenta.
El estudio enseña que hay que acabar con la gran impunidad que existe en la aplicación de las sanciones penales, fiscales, administrativas y disciplinarias previstas como reacción a los actos de corrupción, pero, sobre todo, en la necesidad de diseñar e incluir mecanismos preventivos. «¿Por qué esperar a que se materialice o lleve a cabo la práctica corrupta?», se pregunta el catedrático, a quien le sorprende la ausencia de una política integral para prevenir este flagelo, que además tome en cuenta las particularidades que el fenómeno adquiere en las distintas regiones del país.
«Aquí habría que revisar y ajustar mecanismos existentes como son los sistemas de control interno de desempeño en las entidades públicas, los cuales desafortunadamente se han mostrado ineficaces, pero también el diseño institucional de las contralorías territoriales y órganos reguladores, para evitar que sigan siendo capturados por grupos políticos o por el sector regulado», destaca Zárate Pérez.
Sobre la posibilidad de que los colombianos tengamos una mentalidad corrupta, luego de que la Consulta Anticorrupción no alcanzara el umbral de votos que se necesitaba, Zárate Pérez, piensa que pareciera existir una especie de doble moral en nuestro país, mientras que en la opinión pública y los medios de comunicación se condenan fuertemente prácticas corruptas como las del caso Odebrecht, no se evidencia una condena social a hechos como pagarle $30.000 a un funcionario para que adelante un trámite.
«Incluso, algunos ciudadanos y empresarios encuentran esas dádivas y coimas como algo normal al momento de relacionarse con el Estado. Un dato curioso en uno de los trabajos es que se identificó que las mujeres encuestadas tienden a ser más estrictas y rigurosas que los hombres al momento de definir conductas indebidas y sugerir la aplicación de sus respectivas sanciones», afirma Zárate Pérez.
Zárate Pérez dice que combatir la corrupción pública requiere de varios frentes. Un primer frente es la aplicación eficaz de las sanciones existentes, para que estas cumplan su fin preventivo y disuadan la realización de prácticas corruptas al interior de las entidades del Estado. «Para esto hay que comenzar a blindar internamente a los mismos órganos de control y fortalecer el sistema judicial. Hechos como el de la captura del fiscal anticorrupción por actos de corrupción, permiten cuestionarnos acerca de la idoneidad de los funcionarios encargados de investigar casos relacionados con los delitos de corrupción que se detectan», dice.
En materia de control fiscal, ya advertíamos, afirma Zárate Pérez, cómo las contralorías territoriales son cooptadas con facilidad por diversos grupos políticos en distintas regiones del país. «El vigilante termina siendo capturado por el vigilado. Frente a esto, se ha propuesto un esquema desconcentrado de control fiscal similar al que actualmente tiene la Procuraduría. En las investigaciones se muestra precisamente cómo la inoperancia de la justicia y de los órganos de control es un gran incentivo para la corrupción», afirma.
El segundo frente es prevenir la realización de prácticas corruptas al interior de las entidades del Estado. Zárate Pérez narra que en el tomo IV de la investigación del Externado hay trabajos que presentan la necesidad de que los mecanismos de control disciplinario cumplan, además de su rol sancionador, una función preventiva y de moralización de la acción pública. A esto se suman los trabajos que promueven el fortalecimiento y ajuste de los mecanismos de control interno de desempeño.
«Herramientas como el MECI se han mostrado ineficaces y poco han servido para evitar la ocurrencia de prácticas corruptas al interior de la Administración. El tema aquí es que tampoco los funcionarios encargados de ejercer estos controles están capacitados y, además, en el orden nacional, son de libre nombramiento y remoción, lo cual los expone a injerencias de las cabezas de la misma entidad de la que hacen parte, en el ejercicio de estas funciones. Falta además incluir en la política nacional en materia de empleo público herramientas que permitan prevenir la ocurrencia de estas prácticas», explica.
En otras instituciones del Estado, como el Congreso de la República, la investigación enseña que es necesario asegurar una mayor transparencia y regular temas como el del lobby o cabildeo por grupos de intereses. «En definitiva, el gobierno nacional tiene la crucial tarea de revisar el diseño institucional de los organismos y entidades del Estado, para dotarlos de herramientas de prevención de la corrupción», concluye Zárate Pérez.
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