Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
La normatividad colombiana establece beneficios tributarios para aquellos contribuyentes que decidan realizar inversiones cuyo objetivo sea el mejoramiento del medio ambiente; al respecto, el artículo 158-2 del ET plantea que las personas jurídicas que realicen directamente inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente, tienen derecho a deducir anualmente de su renta el valor de las que hayan realizado durante el respectivo año gravable. No obstante, para que sea procedente la deducción en renta de dichas inversiones, es necesaria la acreditación previa por parte de la autoridad ambiental respectiva, en la cual deberán tenerse en cuenta los beneficios ambientales directos asociados a tales inversiones.
Por otra parte, en la contabilidad se debe registrar en el activo el valor invertido, pero en la declaración de renta se permitirá que figure como gasto especial el valor reflejado en dicho activo. Adicionalmente, si el valor figura contablemente como inversión (registro en el activo) fiscalmente dicha inversión se puede tomar como una deducción (gasto); en consecuencia, la depreciación que contablemente se haya practicado a dicho activo no se puede tomar fiscalmente, ya que sería un doble beneficio sobre una misma partida, lo cual se encuentra prohibido por el artículo 23 de la Ley 383 de 1997.
El valor que es posible deducir por este concepto no puede ser superior al 20% de la renta líquida del contribuyente, determinada antes de restar el valor de la inversión. Es importante tener en cuenta que el valor de las inversiones realizadas por mandato de una autoridad ambiental, para mitigar el impacto producido por la obra o actividad objeto de una licencia ambiental, no es deducible en renta.
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