La carga de la regulación

Las quejas de ciudadanos y empresas respecto al exceso de trámites, los prolongados tiempos de respuesta y la complejidad del lenguaje o requisitos para llevarlos a cabo son frecuentes, y no sin razón.

Los trámites, aunque necesarios, deberían ser fáciles y sencillos, precisamente porque son la vía legal para que tanto ciudadanos como empresas accedan a un derecho o cumplan con una obligación prevista por la Ley. También, porque es el camino para generar una mayor confianza de los ciudadanos en el Estado.

En los negocios, la proliferación y complejidad de los trámites, que se derivan de la regulación, afectan su desarrollo al imponer a las empresas costos en términos de tiempo y dinero, que, a su vez, se traducen en menor productividad y competitividad.

De hecho, en 2019 Colombia ocupó el lugar 123 entre 141 países en el indicador de carga regulatoria que mide el Foro Económico Mundial, por encima de países referentes de la región, como Chile, México y Uruguay.

En términos del tiempo para completar un trámite, en Colombia se requieren 7,4 horas en promedio, mientras que en Chile este tiempo es de 2,2 horas y en Brasil de 5,5 horas. Adicionalmente, solo el 35 % de los trámites se puede empezar en línea y el 16 % puede completarse por medios digitales, en tanto que el 26 % requiere más de tres interacciones para ser resueltos.

Sin embargo, quizás el ejemplo más contundente del exceso y complejidad de tramites está en el acceso a la salud. Si bien, el 95 % de la población cuenta con una afiliación al sistema, las personas reportan barreras que impiden su acceso oportuno a los servicios, incluyendo elevados tiempos de espera y numerosos trámites para las citas médicas.

Datos del BID muestran que, en efecto, realizar un trámite en salud tarda 9,2 horas, cifra que está por encima del promedio de 7,4 horas del resto de trámites. No sorprende, por tanto, que en 2018, según datos de la Defensoría del Pueblo, una de cada tres tutelas invocara el derecho a la salud.

De otra parte, la complejidad en la regulación está asociada con más corrupción, en la medida que los ciudadanos optan por acudir a pagos informales para acelerar los trámites gubernamentales. Transparencia Internacional muestra en sus indicadores que en Colombia el 30 % de las personas reportó haber pagado un soborno para acceder a un servicio básico.

Así mismo, el 9 % de las firmas reportó haber ofrecido pagos informales para obtener una licencia de operación; 7,4 % para obtener una conexión de agua; y 10,8 % “para que las cosas se hagan” (Banco Mundial).

Colombia, en los últimos años, ha dado pasos importantes hacia un Estado más eficiente. En materia de regulación, por ejemplo, en 2014 se definieron lineamientos para adoptar mejores prácticas regulatorias, lo cual ha permitido implementar programas de simplificación y racionalización de trámites como el de “Colombia Simple, Estado Ágil” de este Gobierno, así como mejorar las prácticas de consulta pública de los proyectos de normas.

No obstante, aun reconociendo la importancia de estos avances, es fundamental continuar adoptando buenas prácticas en la emisión de normas. Los países que en los últimos 50 años lograron un crecimiento alto y sostenido, con gran impacto sobre los niveles de pobreza, son aquellos que les apostaron a los aumentos de productividad, mediante la efectividad de sus instituciones, la calidad de la regulación y el imperio de la ley.

Rosario Córdoba Garcés
Presidenta del Consejo Privado de Competitividad