Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.

“La corrupción está poniendo al Estado colombiano contra la pared”


“La corrupción está poniendo al Estado colombiano contra la pared”
Actualizado: 14 marzo, 2019 (hace 5 años)

Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia afirma que aunque no existen fórmulas mágicas para derrotar la corrupción, sí es claro que para modificar esta tendencia se necesitan cambios estructurales y una voluntad inquebrantable que no tolere ningún acto de corrupción.

Según el más reciente índice de percepción de corrupción realizado por Transparencia Internacional, la sensación de este flagelo en el sector público en Colombia está en aumento. En el ranking, el país cayó de 37 a 36 puntos sobre 100, y descendió del puesto 96 al 99 entre 180 países cubiertos por la medición.

Al respecto, Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, afirma que los esfuerzos que se han realizado para enfrentar esta grave problemática en los últimos años no han sido suficientes, «y la corrupción está poniendo al Estado colombiano contra la pared».

“En un contexto en el cual la corrupción es el tema más preocupante para los colombianos, la caída en esta calificación podría significar el inicio de un descenso peligroso si el país no logra resultados realmente efectivos en la lucha contra la corrupción”, indica Hernández.

Aún más, desde el punto de vista de Hernández, con estos resultados Colombia regresa a los niveles de percepción de corrupción que tenía en 2012, año en el cual obtuvo esta misma calificación. «Aunque no existen fórmulas mágicas para derrotar la corrupción, ni recetas que se repliquen de un país a otro con el mismo efecto, sí es claro que para modificar esta tendencia se necesitan cambios estructurales y una voluntad inquebrantable de no tolerar ningún acto de corrupción», dice él.

“el Gobierno del presidente Iván Duque debe ser completamente consecuente con el compromiso de lucha contra la corrupción, el cual ha manifestado públicamente”

Pero, ¿hacia dónde se debe avanzar para salir poco a poco de esta situación? Para Transparencia por Colombia es necesario avanzar en tres frentes: primero, el Gobierno del presidente Iván Duque debe ser completamente consecuente con el compromiso de lucha contra la corrupción, el cual ha manifestado públicamente.

«Su liderazgo es imprescindible para impulsar cambios estructurales en materia de contratación pública y empleo público, mejorar las condiciones de protección a denunciantes de corrupción, y poner un fuerte énfasis en la prevención y sanción de la corrupción en sectores de alto impacto para la ciudadanía como la salud, la educación y la infraestructura. Todo esto deberá recogerse en una nueva estrategia nacional de lucha contra la corrupción clara y efectiva, anclada en el Plan Nacional de Desarrollo», explica Hernández.

Un segundo frente presenta la urgencia de hacer todos los esfuerzos necesarios para recuperar la legitimidad en el sistema judicial. Desde el punto de vista de la entidad, los escándalos de corrupción que han involucrado a ex magistrados de altas cortes y el fuerte cuestionamiento al fiscal general de la nación por sus conflictos de interés en el caso Odebrecht afectan gravemente la credibilidad del sistema.

«El sistema judicial debe incorporar mecanismos de prevención y manejo de conflictos de interés para evitar la influencia de intereses particulares, fortalecer los canales internos de denuncia y la protección a denunciantes de corrupción, y garantizar la imparcialidad de quienes asumen la responsabilidad de impartir justicia. También es necesario hacer uso de todos los recursos legales disponibles para asegurar la reparación del daño causado por los actos de corrupción», afirma el director de Transparencia por Colombia.

Finalmente, es urgente reactivar la discusión de una agenda de reformas normativas técnicamente sólidas, sustentadas en los compromisos internacionales que el país ha adquirido, y apoyada en un diálogo con distintos sectores. Tanto el presidente de la república como el Congreso deben cumplir con los compromisos públicos que hicieron ante los resultados de la consulta anticorrupción y adelantar una agenda legislativa en la que se debe fortalecer un régimen de control a los conflictos de interés «y a la puerta giratoria de altos funcionarios del Estado, avanzar en legislación en materia de responsabilidad penal de personas jurídicas, y reactivar las reformas política y a la justicia», recalca Hernández.

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