Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
* Foto: Secretaría de Transparencia Presidencia de la República.
Camilo Enciso Vanegas, secretario de Transparencia de la Presidencia, afirma que los mecanismos jurídicos enviciados que le facilitan a los corruptos evitar el castigo deben ser objeto de estudio. De igual forma, dice que Colombia cuenta con avances normativos para la lucha contra la corrupción.
Para Enciso Vanegas, la corrupción que se presenta en Colombia no es impedimento para que nuestro país haga parte de la OCDE. Dice que se está trabajando en la “Ventanilla Única de Denuncias”, que le permitirá al ciudadano denunciar actos de corrupción a través de un único portal.
El índice de percepción está basado en sondeos, es el resultado de encuestas aplicadas a representantes de varios sectores sociales, por lo que su resultado, aunque muy importante, desconoce los avances reales en materia de lucha contra la corrupción que ha tenido el país, así como los desarrollos normativos que se han alcanzado.
El año pasado se expidió el decreto reglamentario de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se sancionó la Ley de Lucha contra el Contrabando y se formuló el Proyecto de Ley de Protección a Denunciantes. Este año se logró la sanción de la Ley Antisoborno Transnacional. Todos estos son avances normativos que representan un cambio sustancial en la lucha contra la corrupción en el país. Colombia no se mantiene igual.
En la Secretaría de Transparencia recibimos mensualmente unas 250 denuncias por hechos de corrupción; las denuncias incrementaron en un 140% el año pasado. Esto evidencia que las diferentes herramientas para el ejercicio del control social y la rendición de cuentas han servido para que la ciudadanía sea más consciente de que debe colaborar en la vigilancia del buen uso de los recursos públicos y del goce efectivo de sus derechos. Lo anterior redundará en una creciente percepción de corrupción en el país, pero a ciencia cierta no podemos afirmar si se presentaron más o menos hechos de corrupción.Considero que estos resultados no afectarán el ingreso del país a este organismo, porque la organización enfoca sus recomendaciones en el soborno transnacional, tema frente al cual ya existe un desarrollo normativo. La Ley Antisoborno Transnacional le permitirá a la Superintendencia de Sociedades aplicar multas hasta por 40 millones de dólares e inhabilitar a funcionarios y entidades jurídicas hasta por 20 años. Con la sanción de esta ley el país ha cumplido con el 50% de los requisitos exigidos para su ingreso.
El problema no se soluciona endureciendo las penas, hay que aplicar las que ya existen, y que quienes atentan contra el bienestar de los colombianos a través de actos de corrupción vayan a la cárcel. El Observatorio de Transparencia de la Secretaría encontró que tan solo el 16% de las sentencias condenatorias emitidas por la comisión de delitos contra la administración pública terminan en una pena efectiva de prisión.
Sin lugar a dudas, deben ser objeto de estudio los mecanismos jurídicos enviciados que le facilitan a los corruptos evitar el castigo. Actualmente el observatorio analiza la aplicación de mecanismos de terminación anticipada del proceso, como el principio de oportunidad y los preacuerdos, la implementación de subrogados penales en las excepciones establecidas por la ley, y los parámetros establecidos para la rebaja de penas.
Colombia cuenta con un marco normativo de política criminal para delitos contra la administración pública, pensado para la aplicación efectiva de penas proporcionales. En concordancia, el Gobierno ha implementado mecanismos para detectar oportunamente los actos de corrupción y luchar contra el fantasma de la impunidad, que es finalmente el factor que procura que no represente ningún costo para el funcionario corrupto atentar contra el erario público. En este sentido, la Secretaría de Transparencia, a través de su Grupo de Atención a Peticiones y Denuncias, apoya la gestión de los entes de control en el seguimiento a posibles actos de corrupción en todo el país.
Cabe resaltar que no solo debe atacarse el final del eslabón, y actualmente trabajamos en la construcción de rutas metodológicas de integridad para servidores públicos, que buscarán fortalecer ese respeto hacia los recursos públicos que debe caracterizar a los funcionarios.
La Urna de Cristal no es un portal pensado estrictamente como un canal para la realización de denuncias, es más una herramienta para el fortalecimiento de la participación ciudadana y la pedagogía sobre el quehacer de las entidades públicas. Sin lugar a dudas es necesario brindarle a la ciudadanía un portal unificado que simplifique el proceso de denuncia.
Para tal fin trabajamos ahora mismo con las entidades integrantes de la Comisión Nacional de Moralización en el desarrollo de una “Ventanilla Única de Denuncias”, que le permitirá al ciudadano denunciar actos de corrupción a través de un único portal. La denuncia será redireccionada automáticamente a los entes de control competentes, y todas las actuaciones administrativas del caso estarán alojadas en la herramienta con el fin de que el ciudadano pueda hacerle seguimiento a su denuncia solo con el número de radicado.
A nivel legislativo presentaremos un proyecto de ley que creará la figura de contralores escolares; promoveremos la reforma a los convenios de asociación de los artículos 95 y 96 de la Ley 489 para regular la contratación directa; apoyaremos la expedición del segundo decreto reglamentario de la Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública; apoyaremos la reglamentación del proceso de elección de contralores territoriales; acompañaremos la reforma de la Ley General de Contratación Pública; y reformaremos el decreto reglamentario del proceso de selección de la Comisión Nacional Ciudadana de Lucha contra la Corrupción.
Uno de nuestros principales retos será la consolidación de la lucha contra la corrupción en las regiones, con miras al posconflicto. En este sentido, continuaremos fortaleciendo las Comisiones Regionales de Moralización e implementaremos el segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto.
Para fortalecer el control social en el país consolidaremos la Red Institucional de Amigos por la Transparencia, y firmaremos un convenio con la Unión de Colegios Internacionales –UNCOLI– para el lanzamiento del programa de contralores escolares.
Para incentivar la transparencia en el sector privado publicaremos una guía de pautas de Comportamiento Empresarial para la Prevención de Riesgos de Corrupción.
Continuaremos realizando seguimiento a la implementación de la Política Pública Integral Anticorrupción, Conpes 167 del 2013; fortaleceremos el Observatorio de Transparencia y Anticorrupción y seguiremos aunando esfuerzos con los entes de control para la investigación y sanción de actos de corrupción en todo el país.
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