La gratuidad no justifica el desorden ni la ilegalidad – Hernando Bermúdez Gómez

Pasan y pasan los días y siguen apareciendo personas reacias a someter ciertas entidades sin ánimo de lucro a los nuevos marcos técnicos normativos, en especial si les corresponde aplicar las correspondientes al llamado grupo 2. Obviamente en esto está comprometido más de un contador, que tampoco quiere hacer el cambio. Como las Esal son muchísimas y diversas, sabemos que gran parte de ellas no están sometidas a una buena vigilancia por parte del Estado y que, como ha sido en el pasado, resultará que el verdadero inspector vendrá a ser la Dian.

Compartimos plenamente que era indispensable crear herramientas para sincerar el sector, ya que está lleno de actores que se han revestido de algunas formas jurídicas para escapar del pago de impuestos y de la supervisión propia de las empresas sometidas al derecho mercantil.

Sin embargo, el problema es mucho mayor que la contabilidad, ya que en varios casos ni siquiera hay una administración profesional. Sabemos de organizaciones en las cuales el superior, llámese como se le llame, toma todo tipo de decisiones sin dar cuenta a nadie. Las operaciones no necesariamente son contabilizadas, ni se lleva cuidadosamente el inventario de los bienes. Las transacciones en efectivo son numerosas.

La gratuidad no justifica el desorden ni la ilegalidad. Pero muchos creen que sí y que mal hace el Estado imponiendo cargas sobre entidades de beneficencia que a duras penas consiguen recursos.

En nuestra cultura se presiona para que las conductas pequeñas en contra de la ley, no se reprochen. Si una persona compra en un lugar que no factura, en lugar de reclamarle por ayudar a esconder activos, hay que aplaudirla por lo que se ahorra. Pero el que no sabe ser fiel en lo poco, tampoco es fiel en lo mucho.

Presos en esas fuerzas culturales, que obran sobre ellos mismos, muchos contadores usan sus conocimientos para ayudar a que ciertas operaciones pasen desapercibidas. Hay varios que se ocupan de definir cómo declarar parcialmente lo sucedido, para pagar pocos impuestos. Al fin y al cabo, reciben su honorarios o sueldos de sus clientes y no del Estado que jamás ha dado muestras de justicia.

Apoyados en las opiniones de los más pudientes, el Gobierno colombiano, altamente endeudado, lleno de corrupción y muy ineficaz, se apresta a arreglar su desbalance aumentando los impuestos y alargando los plazos para pagar pensiones, cuando los capitales respectivos hace tiempo deberían estar invertidos. Es difícil hablar del cumplimiento de la ley, cuando esta es injusta pues recae principalmente en las clases media y baja.

Ya veremos si se logra saber quiénes sí son sin ánimo de lucro.

Hernando Bermúdez Gómez
Editor Contrapartida, Novitas, Registro Contable, Vademécum
Tomado de Contrapartida – De Computationis Jure Opiniones
Número 3363, enero 19 de 2018