Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Luis Alberto Benítez, director general de Insolvencia Colombia e IFI afirma que el beneficio más importante que ofrece la Ley de insolvencia al ciudadano es que le permite renegociar las deudas con sus acreedores en las mejores condiciones que normalmente se puedan ajustar a su capacidad de pago.
Para Luis Alberto Benítez, director general de Insolvencia Colombia e IFI, cuando una persona natural no comerciante se declara en quiebra, la Ley 1564 de 2012 le permite generar el llamado “descargue” de sus acreencias. Este consiste en que dicha persona entrega sus bienes a cambio de sus deudas. En caso tal que los bienes no alcancen para pagar sus deudas, el saldo insoluto muta en una obligación natural que se vuelve incobrable.
Es una ley a la cual se están adaptando tanto las entidades financieras como las personas naturales no comerciantes o los ciudadanos de a pie, principalmente porque las personas creen que es una ley para evadir deudas, pero en realidad es una deuda donde el mayor provecho se obtiene cuando se llega a acuerdos de pago.
Por el lado del deudor también se requiere que aprendamos a entender que la insolvencia es un mecanismo legal que puede resultar útil en ciertas circunstancias financieras de nuestras vidas.
Así es. El Gobierno debería ampliar el conocimiento ciudadano sobre la misma, pero también debe ejercer un mayor control, porque hay operadores que no hacen buen uso de la ley. De ese modo, en algunas ocasiones los acreedores bancarios tampoco la ven con buenos ojos, desde el punto de vista de los beneficios que realmente tiene la ley.
El Ministerio de Justicia podría, junto con la Superfinanciera, hacer jornadas de pedagogía sobre el tema, sobre todo para personas de bajos recursos.
Es importante que la Superfinanciera se involucre en este tema, dado que la ley está dirigida principalmente a renegociar con entidades vigiladas por esta entidad. Por otro lado, el Ministerio de Justicia, mediante los métodos alternativos de solución de conflictos –MASC–, también podría apoyar en mayor medida el conocimiento de este tema.
En la práctica, lo que buscan las entidades financieras es llegar acuerdos de pagos con los deudores. Los obstáculos que se podrían evidenciar por parte de estas entidades están relacionados con políticas de recuperación de cartera, debido a que las personas hacen propuestas de pago que a veces no cumplen las políticas de las entidades.
Los abogados de estas entidades evidentemente siempre hacen un análisis legal para identificar que la persona que se acoge el régimen de insolvencia de persona natural no comerciante, sea una persona que en realidad está insolvente y efectivamente cuando encuentran que la persona no cumple los requisitos de ley o está queriendo defraudar al sector financiero, entonces utilizar los mecanismos legales para tratar de generar nulidades en los procesos de insolvencia.
Después de varios años de haberse promulgado la ley, actualmente hay una variedad de centros de conciliación y notarías que ofrecen el servicio público. El trabajo que tienen que hacer estas entidades en realidad consiste en llevar a buen término el proceso, de una manera transparente y clara respecto a la ley.
El beneficio más importante que ofrece la Ley de insolvencia al ciudadano es que le permite renegociar las deudas con sus acreedores en las mejores condiciones que normalmente se puedan ajustar a su capacidad de pago.
El segundo beneficio, igualmente importante, es que cuando la situación ya es crítica y es necesario declararse en quiebra, esta ley le permite a la persona generar el llamado “descargue” de sus acreencias, el cual consiste en que entregue sus bienes a cambio del pago de sus deudas. En caso de no alcanzar dichos bienes para pagar sus deudas, el saldo insoluto muta en una obligación natural que se vuelve incobrable.
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