La reforma laboral, Ley 2466 de 2025 protege empleos en la transición energética a energías limpias

El artículo 58 de la Ley de reforma laboral 2466 de 2025 se centra en la protección laboral frente a los procesos de descarbonización y transición energética, a fin de que los cambios en la materia energética del país no generen desempleo masivo para los trabajadores de esos sectores.

Históricamente, Colombia ha dependido en gran medida de la explotación de carbón, petróleo y gas, lo que ha representado una fuente importante de ingresos fiscales y una gran fuente de empleos directos e indirectos en el país. Sin embargo, este modelo también ha generado altos niveles de contaminación.

En los últimos años los compromisos internacionales derivados del Acuerdo de París (2015) y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS– han presionado a los países, incluido Colombia, a acelerar la transición hacia energías limpias.

Con el artículo 58 de la Ley de reforma laboral 2466 de 2025 es obligación del Estado y las empresas, planificar cómo proteger a los trabajadores en medio del proceso de descarbonización y transición energética en Colombia.

Descarbonización y transición energética con la reforma laboral

La descarbonización no solo implica reducir progresivamente el uso de carbón y otros hidrocarburos, sino también transformar industrias completas para que sus procesos sean más limpios.

 La transición energética, por su parte, hace referencia al cambio estructural que vive un país cuando deja atrás una matriz energética basada en combustibles fósiles y avanza hacia una sustentada en energías renovables como la solar o eólica.

Dentro de este marco, se habla también del cambio de la matriz minero-energética, que significa abandonar la dependencia económica de la explotación extractiva para diversificar la producción con fuentes más sostenibles.

Un concepto clave que incorpora el artículo es el de los planes de cierre, que históricamente estaban orientados casi en exclusiva ala restauración ambiental de los territorios, pero que ahora deben integrar una dimensión laboral que asegure los derechos de los trabajadores al momento de finalizar operaciones.

Unido a ello se encuentra la reconversión laboral, que no consiste únicamente en la capacitación, sino en permitir que los trabajadores adquieran nuevas competencias con pertinencia frente a la demanda real del mercado, como ocurre con el mantenimiento de paneles solares, la gestión ambiental o las tecnologías de eficiencia energética.

Estas políticas públicas son obligatorias para mitigar los impactos sociales y laborales de los cierres o transformaciones de las industrias extractivas y energéticas.

Amplía tus conocimientos leyendo nuestro editorialFormación, desarrollo y promoción de empleos verdes y azules con la reforma laboral, Ley 2466 de 2025.

Obligaciones específicas derivadas del artículo 58 de la Ley de reforma laboral 2466 de 2025

1. Del Estado:
   1. Diseñar una política pública nacional de protección laboral en la transición energética.
   2. Asegurar financiamiento suficiente mediante recursos del Presupuesto General, regalías y cooperación internacional.
   3. Generar incentivos tributarios y financieros para las empresas que inviertan en reconversión laboral.
2. De las empresas:
   1. Formular planes de cierre que incluyan medidas laborales y no solo ambientales.
   2. Coordinar con el Ministerio de Trabajo programas de formación para trabajadores afectados.
   3. Garantizar derechos adquiridos (liquidaciones, indemnizaciones, estabilidad reforzada en casos especiales).
3. De los trabajadores:
   1. Participar en los procesos de capacitación y reconversión laboral.
   2. Organizarse en comités y sindicatos para exigir la correcta implementación de los planes de cierre.
   3. Hacer uso de los mecanismos de protección que establezca la política pública.

Vigencia de la norma y entidades encargadas del proceso de descarbonización y transición energética

El Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Minas y Energía, en coordinación con las empresas privadas y entidades territoriales, deben formular y aplicar los planes de cierre y transición laboral en las zonas afectadas.

Aunque su implementación es inmediata desde la entrada en vigor de la ley, se prevé que sea un proceso gradual que dependa de la programación de cierres y transformaciones en cada sector.

En conclusión, el artículo 58 de la Ley 2466 de 2025 marcó un hito en la legislación laboral colombiana porque introdujo un enfoque de transición justa que vincula directamente la política ambiental con la protección laboral.

La norma no se limita a reconocer el problema, sino que establece una obligación clara: el Estado y las empresas deben coordinarse para proteger los derechos laborales de quienes trabajan en sectores estratégicos que están en declive por la transición energética.

La ley busca garantizar que la transición hacia energías limpias no sea a costa del empleo y la dignidad laboral, sino que se convierta en una oportunidad de reconversión, crecimiento económico y desarrollo sostenible.

En este consultorio laboral, la abogada Sandra López Vergel aborda los ejes de cambio más relevantes, los principios que rigen esta reforma y las consideraciones técnicas que deben asumir empleadores, trabajadores y asesores jurídicos para una adecuada adaptación normativa.

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