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Según el informe Los peores países para los trabajadores Colombia es catalogado como un país sin garantías laborales para los sindicatos. Además, los pactos colectivos deterioran las garantías laborales para estos, asegura María Fernanda Carvalho, presidenta adjunta de la ITUC.
Próximamente, la ministra del trabajo, Griselda Restrepo Gallego, sostendrá reuniones en Estados Unidos para presentar los avances en materia laboral del proceso para el acceso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos –OCDE–.
«Además de lo relacionado con el ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos -OCDE-, vamos a contar los diferentes avances que el Ministerio del Trabajo y que Colombia ha hecho en los diferentes compromisos internacionales que ha adquirido», dijo Restrepo en un comunicado.
Según la ministra:
«(…) hay cifras importantes para destacar, lo cual demuestra el enorme compromiso de nuestro país alrededor de diferentes temas como el trabajo decente, la protección a sindicalistas, el reforzamiento de la inspección, vigilancia y control, y aumento de la formalidad laboral, entre otros».
Desde que Restrepo Gallego asumió el liderazgo del ministerio ha destacado la importancia del trabajo que realizan las organizaciones sindicales. “Ellas hacen patria pidiendo lo que efectivamente pueden ofrecerles las empresas. Quiero felicitar a las organizaciones sindicales que existen no para reventar a las empresas sino para hacer acompañamiento de procesos internos”, expresa.
A su vez, ha reconocido que el sindicalismo crece cada vez más en el país, es más fuerte y responsable. Por eso, cuando hay diferencias se debe encontrar una fórmula entre trabajadores y empresarios que dé garantía, pero que haga sostenible a las compañías. Sin embargo, en el punto de protección a sindicalistas Colombia parece no estar muy bien parada y podría recibir serios señalamientos por parte de la OCDE.
Para María Fernanda Carvalho Francisco, presidenta adjunta de la Confederación Internacional Sindical –ITUC–, es preocupante el resultado del informe sobre el índice global de derechos 2017 “Los peores países para los trabajadores”, elaborado por la entidad, ya que según este, junto a Argelia, Bangladesh, Camboya, China, Ecuador y Egipto; Colombia se cataloga como un país sin garantías de derechos laborales.
El estudio analiza las políticas de 163 países del mundo en materia de respeto de los derechos alrededor de la libertad sindical, los cuales comprenden la libertad de asociación sindical, la negociación colectiva y la huelga, puntos que en Colombia son afectados por políticas antisindicales y la impunidad en delitos contra líderes sindicales.
«Uno de los factores que deteriora el ejercicio de la negociación colectiva en Colombia está determinado por la utilización de pactos colectivos, es decir, acuerdos entre empresas y trabajadores no sindicalizados, que son utilizados como estrategia antisindical para menoscabar derechos colectivos en el trabajo. Lo anterior se refleja en 37 querellas abiertas en el Ministerio del Trabajo en el 2016 por uso antijurídico de los denominados pactos colectivos», explica Carvalho Francisco.
Carvalho Francisco recalca también que la utilización de los pactos colectivos como estrategia de debilitamiento del sindicalismo hizo que dentro de los compromisos del plan de acción laboral del TLC con Estados Unidos se incluyera establecer como delito y aumentar las penas por la utilización de pactos colectivos, por vulnerar el derecho de asociación sindical y la negociación colectiva (al respecto, aunque en nuestro país existe un aumento de penas por la utilización de pactos colectivos, los cuales desestimulan la libertad sindical, se ha comprobado un crecimiento del 13 % en este tipo de contratación durante los últimos 10 años).
Recientemente, la Central Unitaria de Trabajadores –CUT– de Colombia entregó a una comisión de la Organización Internacional del Trabajo –OIT– un balance sobre la libertad sindical y el nivel de violencia contra los dirigentes, que incluye 162 homicidios entre 2011 y 2017. El informe enfatiza el estado de las libertades sindicales, la intermediación laboral ilegal, el incremento de los pactos colectivos (en detrimento de la negociación colectiva), las funciones del Ministerio del Trabajo, la violencia antisindical y la impunidad, entre otros temas contemplados en las recomendaciones que hizo la Comisión de Alto Nivel en 2011.
El documento señala que “desde enero de 2011 hasta julio de 2017 se registraron al menos 2.839 violaciones contra sindicalistas, entre ellas 162 homicidios, 103 atentados contra su vida, y mil 958 casos de amenazas”.
Para la CUT, existe “la tendencia decreciente en el registro de casos; la violencia antisindical focalizada en activistas y dirigentes sindicales; se acrecientan los hechos de violencia dirigidos contra organizaciones sindicales en su conjunto”. Además, se “presenta un cruce entre la violencia y la criminalización de la acción sindical; y la reactivación de la violencia antisindical en el sector rural”.
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