Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
La semana pasada, los empleados públicos tuvieron la posibilidad de negociar por primera vez, sus condiciones de trabajo, y de esta manera se firmó la negociación colectiva entre el Gobierno Nacional y las centrales de trabajadores del país.
El Ministro de Trabajo, Rafael Pardo le dijo a los medios de comunicación que «este acuerdo es muy importante y muestra un espíritu de concertación del Gobierno del Presidente Santos y una fórmula muy constructiva con las organizaciones sindicales, en donde las condiciones para los funcionarios no son impuestas sino negociadas».
El acuerdo beneficia a más de 1 millón cincuenta mil empleados públicos en el país y tendrá dos años de vigencia. El incremento salarial pactado para el año 2013, fue de 3.44%, correspondiente al IPC causado en el año 2012, es decir 2.44% más un 1% adicional al IPC. Vale la pena resaltar que el aumento tendrá retroactividad al 1° de enero del año 2013.
Para el año 2014, el incremento será del IPC más el índice de productividad, que es fijado de manera tripartita. En caso de que este índice sea inferior al 1%, se mantendrá ese porcentaje por encima del IPC para el siguiente año.
Por su parte, el presidente Santos dijo: «siempre he creído que el diálogo y la concertación son caminos mucho más fructíferos, a veces más difíciles, hay que tener mucha paciencia pero son más fructíferos que la confrontación, las divisiones y los enfrentamientos. A través del diálogo y la concertación se obtienen mejores resultados para todo el mundo».
Dos días antes de la noticia, trabajadores públicos se movilizaron por las calles de Bogotá, y otras regiones del país, para exigir reivindicaciones salariales. Protestaron para que las peticiones sean atendidas y resumidas en un documento que fue entregado al presidente Juan Manuel Santos en el mes de marzo.
El objetivo es evaluar el desarrollo de las acciones sociales, políticas y jurídicas en defensa de los derechos de los trabajadores colombianos.
El presidente de la Asociación Distrital de Educadores, William Agudelo, explicó que también se estaba marchando para exigirle al Estado que garantice el derecho a la vida de todos los trabajadores.
“Desde 1987 han sido asesinados tres mil sindicalistas. De esos, 954 son docentes”, denunció. Agudelo dijo además que es necesario un salario digno y que se le garantice el derecho a la salud. “Estamos rechazando la privatización de la educación pública” impulsada por Santos, sentenció el líder sindical.
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