Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Quienes tuvieren deudas inferiores al 15 % del salario mínimo recibirían dos comunicaciones antes de ser reportados negativamente.
La calificación crediticia se normalizaría cuando se elimine el reporte negativo.
El historial crediticio de personas naturales y jurídicas se mantendría.
El 25 de agosto de 2021 la Sala Plena de la Corte Constitucional aprobó el Proyecto de Ley Estatutaria 062 de 2019, conocido como ley de borrón y cuenta nueva, a través del cual se buscan eliminar registros negativos de personas reportadas en centrales de riesgo por incumplir con sus obligaciones financieras.
Con esta decisión, al menos 10.000 millones de colombianos se verían beneficiados y volverían a acceder a créditos formales. El proyecto pasó a sanción presidencial para convertirse en ley de la República.
«Apenas el presidente Duque firme la ley, 6 millones de reportes negativos se borrarán», dijo Luis Fernando Velasco, coautor de la iniciativa.
Con la ley se busca que, si el titular del crédito se pone al día con las cuotas atrasadas, la obligación ya estaría prescrita, o si logra un acuerdo de pago con la entidad financiera, solo tendría que esperar a que se cumplan los plazos de la amnistía para que las centrales de riesgos eliminen el reporte.
Se contempla una amnistía de una sola vez. Se contaría con un plazo de un año, luego de aprobada la ley, para que las personas cubran su deuda y se pongan al día. Así, saldrían de las centrales de riesgo máximo en seis meses.
Un punto para destacar es que se prohibiría la consulta a las centrales de riesgo para otorgar un empleo. De igual manera, se protegería a las víctimas de suplantación personal, pues con una comunicación junto con la copia de la denuncia la entidad financiera eliminaría el reporte negativo.
Cabe resaltar que serían eliminados los reportes negativos causados entre el inicio de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 y el 31 de diciembre de 2020, siempre y cuando los titulares hayan intentado reestructurar la obligación. Si la mora continuó después del 31 de diciembre de 2020, se reanudaría el reporte.
Las personas que tuvieren deudas inferiores al 15 % del salario mínimo recibirían dos comunicaciones antes de ser reportadas negativamente.
Las centrales de riesgo crearían una aplicación digital y gratuita de acceso público para todos los titulares de datos, a través de la cual se generarían alertas cuando se adquieran nuevas obligaciones, y así se evitaría el riesgo de suplantaciones.
La calificación crediticia se normalizaría una vez se elimine el reporte negativo. La consulta de esta información crediticia sería gratuita siempre y en todos los canales. Además, no disminuiría la calificación.
El tiempo del reporte negativo en las centrales de riesgo sería del doble del tiempo de la mora y hasta máximo cuatro años.
Tanto para las personas con buenos hábitos de pago como para las que tienen malos, el historial crediticio de personas naturales y jurídicas se mantendría.
Para otorgar un producto o un crédito, las entidades no podrían usar exclusivamente el historial crediticio, tendrían que considerar otros factores en el estudio de riesgo y se les exigiría indicar de forma escrita por qué rechazaron la solicitud.
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