Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
La Anif es contundente al afirmar que la Ley 1943 de 2018 no es la que necesitaba el país para tener tranquilidad fiscal entre 2019 y 2022. Además, a nivel de recaudo, la califica como un rotundo fracaso. Explicamos otros puntos negativos que presenta, desde el punto de vista de la entidad.
El martes 29 de enero de 2019 publicamos el editorial Ley de financiamiento: ¿qué puntos positivos tributarios contiene?, en el que profundizamos en una serie de ítems que la Anif destaca de la Ley de financiamiento, entre los que se encuentra la progresividad tributaria en los hogares, el endurecimiento del pago de impuestos a dividendos distribuidos y el impuesto a las cervezas y gaseosas, así como las facultades otorgadas a la Dian para modernizarse.
En esta oportunidad, y basados en el informe Ley de Financiamiento y Tributación 2019-2022, conoceremos los puntos negativos que la entidad plantea sobre la Ley de financiamiento. Desde el punto de vista de la Anif, la principal falla que presenta la reforma tributaria tiene que ver con la insostenibilidad fiscal que se estará generando por el drenaje de la tributación agregada.
«En buena medida, ello ocurrió por haber insistido la Administración Duque en la falaz “confianza inversionista” de antaño (bajando la tributación empresarial), pero sin asegurar compensaciones adecuadas a través de la mayor cobertura del IVA al 19 %», explica el informe.
La recomendación de la Anif consistía en elevar las posiciones del IVA, que estaban entre el 0 % y el 5 %, hacia el 19 % de la tasa general; pero sin «obsesionarse» con el 30 % de la canasta básica que estaba exenta. Lo anterior habría generado un adicional de +0.4 % del PIB en materia de recaudo del IVA. Si esto se hubiera complementado con la progresividad a nivel de los hogares (lo cual se explicó en el editorial de los puntos positivos), y con taponamiento de exenciones a las firmas (y sin necesidad de reducir su impuesto de renta al 30 %); se habría asegurado una tributación adicional a futuro cercana al +1 % del PIB.
La entidad destaca que queda todavía por cuantificar la perforación tributaria generada a través de las “mega-inversiones”, la reducción del 14 % al 5 % de la retención en la fuente al capital offshore, y las múltiples exenciones otorgadas a la economía naranja.
Pero mucho más grave que la forma, indica el informe, resulta el hecho de que la relación recaudo-PIB de Colombia presenta una preocupante trayectoria descendente. Efectivamente, dicha presión tributaria estaría cayendo del pico del 14,5 % en 2015 hasta un 13,6 % en 2020 (situación similar a la que se presentó en 2018), y probablemente a solo un 13,2 % en 2022.
De esta forma, la brecha en materia de recaudo tributario respecto a la media en América Latina, en vez de cerrarse en al menos un 1,5 % del PIB, se ha extendido hacia una brecha cercana al 3 % del PIB.
«A nivel del “bosque del recaudo tributario en Colombia”, claramente la Ley 1943 de 2018 ha sido un rotundo fracaso», indica de forma contundente el informe de la Anif.
Como conclusión, desde el punto de vista de la Anif, la Ley de financiamiento 1943 de 2018 no era la que necesitaba el país para tener tranquilidad fiscal entre los años 2019 y 2022. De igual forma, «seguiremos a la deriva fiscal por cuenta de la “tragedia de los comunes” (todos quieren más gasto, pero nadie aporta los recursos adicionales para ello). La Administración Duque ahora tiene la compleja tarea de mostrar “creatividad” a la hora de explicarles a los mercados internacionales cómo es que habrá de honrarse la regla fiscal que postula una reducción del déficit fiscal del 3,1 % del PIB en 2018 hacia un 2,4 % en 2019 y hacia el 1,4 % en 2022».
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