Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
El 20 de julio, el Gobierno presentará varios proyectos de ley con los que piensa afianzar su lucha contra la corrupción. Por su lado, uno de los proyectos revaluará el tema de la casa por cárcel, en tanto que otro ampliará el tiempo de prescripción de los delitos de corrupción.
La semana anterior, durante la celebración de los 25 años de la Fiscalía General, el presidente Santos anunció una amplia ofensiva legislativa en contra de la corrupción. En el acto, señaló que “acabamos de adicionar importantes recursos al presupuesto de la Policía Nacional para fortalecer el Grupo Anticorrupción de la Dijin, con más funcionarios y tecnologías de avanzada”.
Actualmente ya se encuentran estructurados una serie de proyectos, cuya presentación se hará en la legislatura que comienza el próximo 20 de julio, los cuales complementarán lo hecho hasta la fecha en la lucha en contra de los corruptos.
Con la norma se pretende limitar, tanto como sea posible, los beneficios que la justicia ofrece, y que solo se den concesiones a quienes restituyan el patrimonio público, entreguen bienes mal habidos y delaten a sus testaferros y cómplices.
Santos manifestó su desacuerdo con relación a la forma en que opera actualmente la ley frente a estos delitos, ya que, solo por aceptar cargos el imputado puede obtener hasta un 50%de rebaja, sin tener que restituir el patrimonio de los colombianos ni delatar a otros.
Otra iniciativa legislativa es el proyecto de Ley de Probidad, el cual ampliará el tiempo de prescripción de los delitos de corrupción.
Con lo anterior, ni el fiscal, ni el procurador, ni el auditor, ni el contralor, podrán nombrar a familiares de quienes los postulan; y los funcionarios públicos, en general, tampoco podrán recibir regalos, viajes, hospedajes o viáticos de quienes tengan o hayan tenido intereses en contrataciones con sus entidades.
Otro punto en el que se está trabajando es la reglamentación de la gestión de intereses. De acuerdo con esta propuesta, los lobistas tendrán la obligación de inscribirse formalmente y toda cita que acuerden con funcionarios estatales deberá registrarse y ser de público conocimiento.
Finalmente, con el registro de beneficiarios finales, que es otro de los proyectos, habrá más transparencia sobre los verdaderos beneficiarios de los contratos estatales, para conocer quiénes están detrás de las personas jurídicas y sucursales de sociedades extranjeras.
Una de las medidas anticorrupción anunciadas por el presidente Santos en el mes de mayo ya está lista. Se trata del proyecto de ley “Por medio del cual se dictan disposiciones para promover y facilitar el reporte de actos de corrupción, y se adoptan medidas de protección para los reportantes”.
Como se publica en la web de la Secretaría de Transparencia de la presidencia, el proyecto concertado con el Ministerio de Trabajo se enfoca en cuatro frentes:
El proyecto de ley detalla los diferentes canales por medio de los cuales una persona natural o jurídica podría hacer un reporte de un hecho de corrupción. Allí se incluyen canales físicos, telefónicos, virtuales y se establecen disposiciones para garantizar el anonimato de la identidad del reportante y la confidencialidad del reporte.
“Esto no sólo minimiza el riesgo de que el reportante pueda sufrir acciones retaliatorias, sino que blinda de alguna manera la investigación de posibles interferencias por parte de aquellos que quieren ocultar la comisión de un delito o irregularidad”, se explica en el documento.
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