Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
El día de mañana, la Sala Plena de la Corte Constitucional deberá definir si entierra de una vez por todas una de las mayores inequidades existentes en el país: las pensiones millonarias que reciben congresistas y exmagistrados y que están muy por encima de sus cotizaciones al sistema de seguridad social. Las mesadas, que en algunos casos llegan a los 29 millones de pesos mensuales, no solo no son justas sino que representan una amenaza para la sostenibilidad del sistema pensional.
Como lo publica El Tiempo, ordena su reliquidación y establece que en ningún caso los pagos pensionales a cargo del Estado podrán superar los 25 salarios mínimos mensuales, es decir, 14,1 millones de pesos, límite fijado por una reforma constitucional del 2005 que eliminó los regímenes especiales y que 8 años después sigue sin aplicarse.
Si la ponencia es aceptada, el tope a las pensiones millonarias afectaría a 911 personas: excongresistas, exmagistrados y ex altos funcionarios del Estado, hasta 11 expresidentes o sus viudas, que reciben en promedio 20 millones de pesos mensuales de mesada.Una demanda contra el Artículo 17 de la Ley 4 de 1992 le permite a un congresista o magistrado pensionarse con el 75% del ingreso mensual promedio recibido durante su último año de labores.
La norma también les otorga a estos altos funcionarios un beneficio adicional: jubilarse a los 55 años de edad y con 20 años de servicio. Para el común de los colombianos, la pensión de jubilación se obtiene a los 60 o 62 años (hombres), y equivale al 75% del promedio de los últimos 10 años cotizados.
La Contraloría General de la República imputó cargos de responsabilidad fiscal a 13 magistrados y exmagistrados del Consejo Superior de la Judicatura, los cuales tendrán que responder por un presunto daño al patrimonio público en cuantía de 3.421 millones de pesos.
Resulta que los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura han designado de forma reiterada e irregular por periodos breves de tiempo para desempeñar el cargo de Magistrado Auxiliar a personas con estatus reconocido de pensión, con el lleno de los requisitos y el reconocimiento del derecho en trámite, o con los requisitos de edad y tiempo pendientes de solicitar dicho reconocimiento, lo cual incidió de forma directa en el reconocimiento, reliquidación y pago de pensiones en exceso de las proporciones correspondientes a los tiempos de servicio y aportes efectivamente cumplidos por los beneficiarios de las mesadas pensionales, en perjuicio de los recursos públicos y de la sostenibilidad y estabilidad del Sistema General de Pensiones.
Mientras que tres de cada cinco colombianos que trabajan están en la informalidad y no aportan para pensiones, al menos 2,6 millones de ancianos viven en la pobreza, sin ningún tipo de pensión. Casi un millón reciben un subsidio de menos de 100.000 pesos a través del Sisbén.
En contraste, unos 800 jubilados del Congreso reciben entre 15 millores y 20 millones de pesos de mesada y le cuestan al sistema pensional más de $ 12.000 millones cada mes.
Según cifras de la Dirección General de Presupuesto, en 2010 se pagaron pensiones por $27,8 billones, mientras que para educación y salud se destinaron $17,1 y $10,4 billones, respectivamente.
Para dicha entidad esto representa una clara inequidad en términos de cobertura de la población beneficiada con los recursos de la Nación. Tomando en cuenta que los pensionados son 1’452.000, de manera que representan solo el 23% de la población mayor de 55 años, demandan más recursos que los 9 millones de escolares y que los 24 millones de afiliados al Régimen Subsidiado en Salud.
La Central Unitaria de Trabajadores afirma que la pensión más costosa del país, de 29 millones, se la paga el Congreso a una persona que ni siquiera tuvo curul.
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