Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Actualícese presenta un panorama general de las noticias nacionales en los ámbitos tributario, laboral, de la profesión contable y de la revisoría fiscal, las cuales dieron de qué hablar en el 2021 e impactaron considerablemente la opinión pública de diversos sectores nacionales.
El desacierto
La protesta social y el paro nacional fueron los detonantes máximos para que el proyecto de reforma tributaria que quería presentar el exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ante el Congreso de la República se fuera para atrás.
En el mes de mayo, el presidente Iván Duque le solicitó al Congreso de la República retirar el proyecto de ley de reforma tributaria para tramitar, de manera urgente, una nueva iniciativa que reflejara el consenso de los distintos sectores, evitara la incertidumbre financiera y garantizara la continuidad de los programas sociales.
Días después, en medio de un debate político, las comisiones económicas conjuntas tres y cuatro del Senado y de la Cámara de Representantes aprobaron el retiro del proyecto de ley de solidaridad sostenible o reforma tributaria.
Sin vuelta atrás
Pese a que con las protestas se logró tumbar la propuesta inicial de la reforma tributaria, el Gobierno nacional tenía claro que se debía tramitar sí o sí. La intención: reunir suficientes recursos para continuar afrontando la pandemia y no perder los programas y subsidios creados en medio de esta.
Fue así como el 20 de julio de 2021 el Gobierno radicó, con mensaje de urgencia, el proyecto de reforma tributaria 2.0, denominado Inversión Social. Con la Ley 2155 de 2021 se busca recaudar 15,2 billones de pesos, beneficiando a 7,8 millones de hogares colombianos, los cuales recibirían recursos para aliviar el impacto de la crisis económica generada por el COVID-19.
En un articulado corto, la propuesta, resultado de un consenso con distintos actores de la sociedad, como jóvenes, congresistas, beneficiarios de programas sociales, empresarios y autoridades departamentales y municipales, pretende proteger a los más vulnerables, reactivar la economía y estabilizar las finanzas públicas.
La polémica
Luego de que se aprobara en primer debate el proyecto de ley mediante el cual se propuso la eliminación progresiva del gravamen a los movimientos financieros –GMF–, el Ministerio de Hacienda expidió un comunicado mediante el cual expuso las razones por las que se opuso a la iniciativa.
Para la entidad, lo propuesto afectaría la estructura tributaria nacional y el recaudo de ingresos fiscales, ya que se reducirían los ingresos tributarios y se alteraría el cumplimiento de las metas fiscales, lo que obligaría a sustituir esta fuente de ingresos permanente y/o a reducir el gasto primario (funcionamiento más inversión) para no comprometer la sostenibilidad fiscal del Gobierno nacional en los términos fijados por la Ley 819 de 2003 y la Ley 1473 de 2011.
Así mismo, expresó que particularmente el artículo 2 del proyecto busca modificar el artículo 872 del Estatuto Tributario –ET–, para lo cual contempla una reducción progresiva del GMF a partir de 2023 a razón de 1 x 1.000 por año hasta que, en 2026, el impuesto desaparezca. Así, la tarifa del impuesto sería de 3 x 1.000 para 2023; 2 x 1.000 para 2024; y 1 x 1.000 en 2025.
El cambio
El trabajo en casa es una modalidad especial de prestación de servicios laborales que se implementó con fuerza como una alternativa para enfrentar los retos que trajo la pandemia.
Esta modalidad especial no se encontraba regulada en la normativa colombiana, lo cual significaba el advenimiento de situaciones sin respuesta respecto a esta figura tan excepcional.
El 12 de mayo se sancionó la Ley 2088 de 2021 que habilita, regula y aclara aspectos importantes del trabajo en casa (denominado por algunos empleadores como home office), los cuales resulta importante explicar y relacionar con las normas laborales vigentes.
El acierto
El Congreso de la República expidió la Ley 2101 del 15 de julio de 2021, por medio de la cual se modificó el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo –CST– y se establece que la jornada laboral semanal prevista será reducida de 48 a 42 horas a la semana de manera gradual. Para que se dé esta reducción, deberán seguirse determinadas pautas.
Con lo anterior, la duración máxima de la jornada laboral semanal será de 42 horas, las cuales podrán distribuirse de común acuerdo entre empleador y trabajador en cinco (5) o seis (6) días a la semana.
De igual forma, las partes podrán acordar la jornada laboral semanal de 42 horas en máximo seis (6) días a la semana con un día de descanso obligatorio, que podrá coincidir con el domingo. Así, el número de horas diarias podrá distribuirse en mínimo cuatro (4) y máximo nueve (9) sin que haya lugar a recargos por trabajo suplementario.
El alivio
La reforma tributaria 2021 determinó una serie de medidas para la reactivación económica, entre ellas, los beneficios para los empleadores personas naturales y jurídicas.
Estos beneficios consisten en:
Una buena noticia
El Congreso de la República expidió la Ley 2114 de 2021, la cual modificó el artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo –CST– en lo referente a las disposiciones que regulan el otorgamiento de la licencia de paternidad.
Entre las nuevas disposiciones se encuentran, además de la ampliación del término de esta licencia, la creación de la licencia parental compartida y la licencia parental flexible de tiempo parcial.
La licencia de paternidad pasará de ocho (8) días hábiles a dos (2) semanas. Por otra parte, la licencia compartida permite a los padres distribuir libremente, de común acuerdo, las últimas seis (6) semanas de la licencia de maternidad, siempre y cuando se cumplan los requisitos.
La novedad
La Junta Central de Contadores –JCC– modificó los requisitos de experiencia técnico-contable para obtener la tarjeta profesional del contador público por primera vez.
Por lo anterior, la Resolución 000-1794 de 2021, conforme a lo dispuesto en el Decreto 616 de 2021 en lo relacionado con la equivalencia de experiencia profesional previa, reglamenta que, para obtener la tarjeta profesional del contador público por primera vez, serán válidas las siguientes experiencias técnico-contables:
Ya era hora
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP– publicó para comentarios el Documento para discusión pública: decreto reglamentario sobre revisoría fiscal. La propuesta normativa reglamentaría algunos artículos relacionados con el ejercicio, funciones y responsabilidades del revisor fiscal.
El plus
El 3 de noviembre de 2021 se realizó el acto de entrega del proyecto de ley para la reforma de la profesión del contador público.
Diego Matituy, presidente del Comité Nacional de la Reforma a la Contaduría Pública, entregó a Wilmar Franco Franco, presidente del CTCP, el documento ya publicado para que la comunidad contable nacional haga comentarios.
Franco destacó el proceso democrático que se dio para que los contadores públicos participaran a través de varios comités departamentales. A través del paso de los meses, se fue armando este proyecto de ley, el cual busca reformar la contaduría pública.
Por su parte, Matituy agradeció a cada uno de los profesionales contables que lideraron e hicieron parte de los comités regionales y departamentales que por más de año y medio propusieron y discutieron diferentes ideas:
Sacar adelante un proyecto de ley que beneficie los intereses de los contadores públicos para el presente y el futuro. La idea es que los contadores que vienen en formación se vinculen a esta socialización. Que se hagan críticas constructivas con argumentos.
La expectativa
La Junta Central de Contadores anunció los nombres de los ganadores de sus elecciones realizadas el 29 de noviembre de 2021.
La representante de los contadores públicos será Flor Stella Quiroga, elegida con 2.335 votos. Por su parte, como representante de las instituciones de educación superior fue elegido Diego Alejandro Peralta con un total de 13 votos.
Como suplentes fueron elegidos Liliam Betancur Jaramillo (con 1.391 votos) para la representación de los contadores públicos, y Diego Armando Matituy Torres para la representación de las instituciones de educación superior (con 8 votos).
El regaño
El Consejo de Estado ordenó al Gobierno reglamentar la cotización de aportes a pensión para los trabajadores del sector público y del privado con ingresos superiores a 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes –smmlv–.
Esta reglamentación debe realizarse en cumplimiento de lo previsto en la Ley 797 de 2003. Conoce estas disposiciones en este análisis.
El desorden
La Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del piso de protección social para trabajadores con ingresos inferiores a un salario mínimo en Colombia. En el siguiente análisis te contamos cuál fue la razón de dicha decisión, qué efectos tendrá y cuándo entrará a regir tal sentencia.
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