Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.

Los contadores públicos no pueden limitarse a ser operadores del sistema tributario


Varias veces hemos subrayado que las leyes son el resultado del poder dominante, que generalmente se conforma por los empresarios, el Gobierno y miembros del Congreso. Hoy es muy difícil sostener que las leyes buscan el bien común, porque generalmente lo que hacen es beneficiar los intereses de los empoderados. La democracia es el ejercicio de conformar mayorías.

La improvisación en materia tributaria ha quedado a la vista, debido a los repetidos fracasos de las reformas tributarias en la última década. En cuanto a quién ha salido beneficiado de todas estas modificaciones, nos remitimos a las manifestaciones de Anif:

“(…) Así, durante el período 2011-2019 ya se ha concretado una reducción de 12 puntos porcentuales (pp) de carga impositiva sobre las firmas, y durante el período 2010-2022 se habrá consolidado una reducción de 16 pp, sin que esto se vea adecuadamente compensado por recaudos en los frentes del IVA, y solo parcialmente en el frente de los hogares, como ya se explicó. Dado el alto riesgo fiscal que se ha tomado con la Ley 1943 de 2018, al aliviar en exceso la carga empresarial, seguramente durante 2020-2022 se requerirá una nueva reforma tributaria que corrija el desplome de los ingresos tributarios, pues claramente la sola gestión administrativa de la Dian resultará insuficiente (aún si se tiene éxito en aplicar los poderes otorgados en la Ley 1943 de 2018 para modernizarla).

Como se recordará, la disminución del impuesto sobre las empresas se ha justificado sosteniendo que ello se traduce en crecimiento económico. En su momento desmentimos esa tesis, pues la historia nos enseña que las empresas toman para sí esas ventajas y no las transmiten a los demás. Anif explicó:

«(…) A finales del año anterior se aprobó la Ley de financiamiento, 1943 de diciembre de 2018. Su trámite fue algo atropellado, pues al tiempo que se fracasaba en la sana idea de expandir el cobro del IVA, hizo carrera la idea de “economía voodo”, según la cual, supuestamente, las rebajas en las tasas impositivas corporativas se traducen más que proporcionalmente en aceleración del PIB real y, con ello, supuestamente se incrementa el recaudo total de la economía. ―Anif considera que no existe evidencia económica que sustente esa idea pensada desde el “lado de la oferta de las firmas”, pues en ello fracasaron Reagan, Bush-padre y ahora Trump. Simplemente, el rebote económico fue efímero y tuvieron que enfrentar serios deterioros fiscales que, a la postre, borraron la reactivación económica, al tener que recurrir a mayor deuda pública; y, finalmente, a tener que elevar los impuestos de manera general (ver Whapshott, 2012, http://anif.co/sites/default/files/torre_de_marfil_179.pdf) (…)»

Los contadores públicos no pueden limitarse a ser operadores del sistema tributario. Tienen un compromiso con el bien común. Deben tomar posiciones frente a él, expresándolas públicamente. Lamentablemente, muchos aconsejan o llevan a cabo acciones que les impiden hablar ante la comunidad.

Hernando Bermúdez Gómez
Editor Contrapartida, Novitas, Registro Contable, Vademécum
Tomado de Contrapartida – De Computationis Jure Opiniones
Número 4297, abril 29 de 2019

Hernando Bermúdez Gómez
Las publicaciones “Contrapartida” son escritas por miembros de la comunidad académica del Departamento de Ciencias Contables de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana.
Descubre más recursos registrándote o logueándote. Iniciar sesión Registro gratuito