Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Autor: Jaime A. Hernández Vásquez.
AUSENCIA DE UNA POLITICA DE PRECIOS Y TARIFAS
Este aspecto toca fundamentalmente con la carencia de estudios racionales sobre el valor del servicio. Y ello es así, por cuanto se adolece de análisis empíricos sobre los costos del servicio según el sector de la industria y el tamaño de las compañías que lo contratan.
La profesión contable organizada, ni su industria, ni sus gremios, ni sus organismos de dirección han emitido (salvo algunos pronunciamientos aislados), lineamientos de fondo sobre este importante tópico, razón por la cual todo se ha dejado al equilibrio del mercado y a los precios establecidos por la libre oferta y la demanda.
Así las cosas, la competencia entre los profesionales contables que prestan este servicio ha resultado nefasta, pues la ausencia de una regulación en esta materia ha llevado a que se canibalicen los precios y tarifas con una tendencia hacia la baja, producida generalmente por una explosión de oferentes, la mayoría de los cuales sustentan sus propuestas en precios artificialmente bajos que no se compadecen con la responsabilidad que entraña el ejercicio de la profesión.
Este hecho lleva a la profesión a un estado de pauperización, pues el empresario contrata atraído por el bajo precio y no por la calidad del servicio que se le presta. Todo lo cual nos lleva a un “circulo vicioso” consistente en que el profesional o la firma contratada a dicho bajo precio, entrega un mal servicio, pues la tarifa acordada escasamente cubre parte de las horas de los honorarios que normalmente se deberían percibir por el trabajo realizado; por lo que el empresario a su vez, al recibir un servicio deficiente, no lo remunera de manera adecuada y, sigue contratando así al Contador por una mera obligación legal, ya no por una necesidad, pues considera que no obtiene un valor agregado para su productividad empresarial; repitiéndose esta situación de manera reiterada una y otra vez.
En otras palabras, la carencia de un estudio de costos del servicio y del establecimiento de tarifas para el ejercicio de la profesión por nivel de compañías y sectores de la economía le acarrea un daño irreparable a este tipo de labor, ya que la minimiza en su importancia y la convierte en una mera actividad de cometido legal sin ningún beneficio para el empresario, generando en la comunidad una percepción de ineficiencia que le permite a diferentes actores gubernamentales afirmar que la información financiera y los reportes de esta índole son deficientes, al igual que el trabajo de los Contadores Públicos.
Así pues, ante el escenario descrito se hace necesario que la profesión contable organizada establezca unos lineamientos básicos a nivel de recomendaciones, para que a modo de guía ningún Contador Público cobre menos de un determinado valor por cada hora de trabajo, por supuesto, atendiendo el tipo de compañía y el sector en el que se presta la labor.
Para ello se hace necesario que se analicen los costos de las horas de dedicación de los profesionales involucrados en el trabajo, ya sean especialistas o simples ejecutantes. Y a su vez, se tengan en cuenta los perfiles, el grado de experiencia requerido, la complejidad del trabajo, el nivel de riesgo, la responsabilidad involucrada, el grado de dedicación, los requerimientos de las autoridades, el tamaño del ente económico que se fiscaliza, los antecedentes de las operaciones que se realizan, el nivel de incertidumbre de la viabilidad empresarial, el sector o hábitat económico y finalmente la competencia.
Los factores antes descritos, en todo caso, aún con prescindencia de lineamientos gremiales deben ser considerados por todo oferente de servicios de Contaduría Pública para no incurrir en penosas situaciones que incluso podrían acarrear sanciones de índole legal y disciplinaria.
Un conocimiento previo del cliente y una planeación adecuada del trabajo le entregan al posible Contador la información necesaria para cotizar de manera adecuada los servicios del Contador Público. No de otra manera se puede prestar un buen servicio ni se puede generar confianza en la sociedad sobre esta labor vital para la economía y para la protección del interés público.
En síntesis, este pecado sólo podrá ser redimido cuando lleguemos a un acuerdo sobre lo fundamental en materia de tarifas y cuando el gremio de manera unificada aboque y le de solución a esta problemática.
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