Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Autor: Jaime A. Hernández Vásquez
AUSENCIA DE UNA POLÍTICA DE SOLIDARIDAD DE CUERPO..
A lo largo de los años la profesión contable en pleno ha cometido su peor pecado, no estar unificada solidamente en un solo gremio. Ello ha llevado a que contra los contadores públicos se ejerzan toda clase de sanciones, injusticias y se violen sus derechos, incluso aquellos tan elementales como la posibilidad de renunciar por su mero albedrío o porque de manera arbitraria un contratante de nuestros servicios, simplemente cesa sin ninguna explicación en el pago de la remuneración y de los honorarios.
Y lo que es más grave, muchas veces se sanciona al Contador Público por retirarse de su cargo, aún con plena observancia del Articulo 44 de la Ley 43 de 1990 que sostiene “ (…) El Contador Público podrá interrumpir la prestación de sus servicios en razón de los siguientes motivos:
a) Que el usuario del servicio reciba la atención de otros profesionales que excluya la suya.
b) Que el usuario del servicio incumpla con las obligaciones convenidas con el Contador Público. (…)”.
En armonía con el artículo 39 ibidem que prescribe:
“(…) El Contador Público tiene derecho a recibir remuneración por su trabajo y por el que ejecutan las personas bajo su supervisión y responsabilidad. Dicha remuneración constituye su medio normal de subsistencia y de contraprestación para el personal a su servicio (…)”
Pero además de las sanciones de orden administrativo, disciplinario, civil y penal, algunas de ellas en contravía del principio constitucional consistente que nadie puede ser juzgado doblemente por un mismo hecho, la ausencia de una agremiación fuerte y obligatoria también nos ha llevado a que hoy en día no se respeten nuestros derechos profesionales y los fueros de las actividades reservadas a nuestra profesión tal es el caso de diferentes auditorías financieras y consultorías del mismo orden que se contratan con firmas de ingenieros, economistas, administradores y hasta médicos, como sucede continuamente en entidades como el INVIAS, el INCO, el ICBF, distintas Secretarías de Salud y algunos Ministerios y, ello solamente a manera de ejemplo.
Así mismo, la falta de unidad gremial nos está llevando a la pérdida de los organismos de dirección, como se desprende de la Ley 1151 de 2007 denominada Plan Nacional de Desarrollo, donde en concepto del suscrito se cambian las funciones disciplinarias de la Junta Central de Contadores, por una vigilancia administrativa y se traslada al Consejo Técnico de la Contaduría Pública al arbitrio exclusivo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Ya se oyen voces de algunos gremios económicos que solicitan que las declaraciones tributarias puedan ser suscritas por otros profesionales diferentes a los contadores.
Y ante este panorama preocupante para nuestra supervivencia, la profesión aparece inerme, adormecida y conforme con el estatus actual, pues incluso los propios estudiantes parecen ajenos a los peligros que se ciernen sobre su futuro.
Por eso resultara de enorme importancia que los mismos Contadores Públicos que leen este artículo se pronunciara de manera precisa sobre los peligros citados para afrontar un futuro digno y promisorio, pues solo con unidad y con solidaridad de cuerpo la profesión podrá resistir los embates de la competencia y de los cambios de un mundo globalizado que traen aparejados los tratados bilaterales de comercio de servicios, en los cuales, seguramente los Contadores Públicos colombianos de no estar unidos podrán llevar la peor parte.
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