Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Katherine Miranda, miembro de la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público 2018-2019 afirma en entrevista con Actualícese que la prioridad es trabajar en una reforma estructural del sistema tributario colombiano, tal como ha aconsejado reiteradamente la comisión de expertos.
Para Katherine Miranda Peña, representante de la Cámara de Representantes por el Partido Verde, miembro de la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público 2018-2019, es evidente la necesidad de que Colombia pase por la discusión de una nueva reforma tributaria que sostenga el gasto de los próximos años.
Anif y Fedesarrollo tienen razón. La Ley de financiamiento que se aprobó responde, en gran parte, a subsanar la imposibilidad del Estado para derivar ingresos fiscales suficientes y soportar los gastos de 2019. Adicionalmente, esta reforma tributaria solo logró proyectar un poco más de los 7 billones para el 2019 de los 14 que se necesitan, mostrando que las medidas fueron insuficientes para financiar al Estado durante este año. En el Congreso de la República seguimos esperando que el Gobierno explique los recortes que hará pensando en el monto que faltó financiar luego de la aprobación del presupuesto general de la nación –PGN– 2019, dijo la representante a la cámara.
Es evidente la necesidad de que el país pase por una nueva reforma tributaria que sostenga el gasto de los próximos años. Hay que recordar que el único impuesto transitorio es el del patrimonio, con el que se espera recaudar 1,2 billones de pesos en 2019 y que tendrá vigencia hasta 2020; solo el próximo año sabremos si funciona.
La situación que persiste es la prioridad de hacer una reforma estructural al sistema tributario colombiano, tal como lo ha aconsejado reiteradamente la comisión de expertos. Una reforma que impulse la competitividad en el país, que simplifique los impuestos vigentes y las reglas para causarlos, que responda a criterios más robustos de equidad horizontal y vertical, y que reduzca sustancialmente el conjunto de más de 227 exenciones tributarias a sectores de los cuales se desconocen resultados e impacto, en aras impulsar la actividad empresarial nacional.
Al Gobierno le faltó la visión de largo plazo. No se puede seguir pensando el país en cuatrienios de gobiernos. Durante el debate sobre presupuesto general de la nación para el período 2019 que tuvo lugar en el Congreso de la República, el Gobierno de Duque no dio explicaciones claras sobre las razones del desfinanciamiento y acusó al Gobierno saliente.
Hay un problema de fondo en la forma de hacer política en Colombia: los intereses políticos individuales jamás deberán superar el interés colectivo de los ciudadanos.
El recaudo fiscal es directamente proporcional a la capacidad de pago de sus obligaciones. Lo anterior implica que tener un bajo recaudo evidencia la incapacidad del Estado de ser sostenible y de administrar correctamente sus ingresos fiscales presentes y futuros, aumentando el riesgo para el país de financiarse cuando está corto de liquidez.
Tener un bajo recaudo también es señal de la incapacidad para pagar las deudas actuales del Estado, por lo que aumenta su probabilidad de hacer “default” de la deuda. Además, deja ver que es ineficiente para recaudar ingresos.
Es un acierto que en la Ley de financiamiento se haya aprobado el fortalecimiento de la Dian en términos de su capacidad técnica y humana, con la promesa de dar resultados contundentes en materia de elusión y evasión, normalización tributaria de activos, y del mejoramiento de la capacidad de la entidad para el recaudo tributario. Veremos los resultados durante 2020, una vez los procesos mencionados hayan tomado forma durante este año.
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