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MinHacienda: municipios no pueden exigir “libro fiscal” ni exceder facultades de fiscalización tributaria



Actualizado: 22 octubre, 2026 (hace 3 semanas)

MinHacienda reiteró que las entidades territoriales tienen facultades de fiscalización sobre los tributos que administran, pero no pueden exigir el “libro fiscal” ni usar esas facultades para fines distintos a los tributarios.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la Dirección General de Apoyo Fiscal (Subdirección de Fortalecimiento Institucional Territorial), respondió mediante el Oficio 6825 del 30 de enero de 2026 una extensa consulta —28 preguntas— sobre los límites de las entidades territoriales frente a los contribuyentes y los contadores públicos en materia de fiscalización tributaria.

El Ministerio explicó que los municipios, distritos y departamentos sí cuentan con facultades de fiscalización e investigación (artículo 684 del Estatuto Tributario), en virtud del artículo 59 de la Ley 788 de 2002, que les ordena aplicar el procedimiento tributario nacional para administrar los tributos de su competencia (como el impuesto de industria y comercio).

Sin embargo, esas facultades deben ejercerse exclusivamente para asegurar el cumplimiento de las normas sustanciales de los tributos que administran, y no para actuaciones administrativas de otra naturaleza.

En ese sentido, el Ministerio precisó que la declaración de renta de un contribuyente puede valorarse como una prueba más dentro de un proceso de fiscalización territorial, pero no puede constituir el único insumo para desconocer ingresos, dado que la base gravable de impuestos como el ICA corresponde únicamente a los ingresos obtenidos en la jurisdicción municipal, mientras que la renta grava la totalidad de ingresos del contribuyente en el país.

Frente a varias preguntas sobre la exigencia del llamado “libro fiscal” y de información exógena — instrumentos reservados a la Dian—, el Ministerio indicó que las entidades territoriales no pueden utilizarlos para actuaciones administrativas distintas a la fiscalización de sus propios tributos, y recordó el principio de legalidad del artículo 121 de la Constitución: ninguna autoridad puede ejercer funciones que la Constitución y la ley no le atribuyan expresamente.

El Ministerio se abstuvo de pronunciarse sobre varios de los puntos consultados —relacionados con el reconocimiento de derechos económicos o pagos de compensación— por tratarse de asuntos administrativos ajenos a su competencia, y aclaró que sus respuestas constituyen doctrina orientadora sin efectos obligatorios ni vinculantes, conforme a los artículos 14-2 y 28 del CPACA.

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