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MinTrabajo publicó circular para prevenir conductas que puedan comprometer la neutralidad institucional y afectar el adecuado desarrollo democrático.
Con el propósito de fortalecer la transparencia y la imparcialidad durante los procesos electorales, el MinTrabajo, mediante la Circular 0047 de mayo de 2026, reiteró a servidores públicos y contratistas de la entidad las restricciones relacionadas con la indebida participación en política.
En primer lugar, se debe señalar que esta la circular fue emitida de conformidad con los lineamientos remitidos por la Procuraduría General de la Nación en aplicación de una estrategia orientada a prevenir conductas que puedan comprometer la neutralidad institucional y afectar el adecuado desarrollo democrático. Por lo anterior, tiene un carácter preventivo y debe interpretarse en armonía con los derechos constitucionales de participación ciudadana.
Para sustentar dichas directrices, el Ministerio recordó que los artículos 127 y 209 de la Constitución Política prohíben utilizar el empleo, cargo, investidura o recursos públicos para favorecer intereses políticos, imponiendo a los servidores públicos el deber de actuar conforme a los principios de moralidad, imparcialidad, igualdad, transparencia y finalidad pública.
De igual forma, se hizo referencia al Código General Disciplinario y demás normas que establecen prohibiciones y restricciones frente al uso de bienes públicos, canales institucionales y funciones oficiales con fines electorales o proselitistas.
En desarrollo de estos lineamientos, la circular precisó que está prohibido utilizar recursos institucionales, bases de datos, correos electrónicos oficiales, redes sociales institucionales, instalaciones, vehículos y demás herramientas financiadas con recursos públicos para promover campañas, candidaturas, partidos o movimientos políticos.
Asimismo, se recordó que los servidores públicos no pueden ejercer presiones sobre subalternos, contratistas o ciudadanos para favorecer causas políticas, y que toda actividad institucional debe desarrollarse bajo criterios estrictos de neutralidad, legalidad e imparcialidad.
Respecto de los contratistas, el Ministerio señaló que estos también deben garantizar el uso adecuado de los bienes y herramientas institucionales asignados para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, evitando destinarlos a actividades de naturaleza política o electoral.
Finalmente, se advirtió que el incumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales, disciplinarias y contractuales podrá dar lugar a actuaciones por parte de las autoridades competentes.
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