Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Según cifras manejadas por el Dane, 7,7 millones de mujeres devengan un salario. De cada 100 mujeres hay 44 trabajando y de éstas, 33 están empleadas en las áreas de servicios comunales, sociales y personales, así como labores en hoteles y restaurantes. De igual manera, la desigualdad salarial sigue estando presente.
Como lo publica Dinero, la falta de acceso a la educación es una de las causas para que exista desigualdad salarial. “Esta discriminación no ha permitido que se incorporen en los factores de valoración salarial, rasgos significativos del cargo, que podrían generar equilibrio salarial como por ejemplo, las capacidades de atención y responsabilidades, talentos para las relaciones humanas, aptitudes y labor organizativas, destreza manual y/o coordinación, responsabilidad que tenga en la calidad del producto, las que de ser valoradas le permitirían a la mujer en buena medida superar la desmedida salarial”.
¿Cuál es la razón para que se presente este desequilibrio? Parece ser que no se están midiendo con el mismo criterio, aspectos como capacidad de conocimiento, educación y experiencia. Si lo que se quiere lograr es un equilibrio salarial, como lo señala un Proyecto de Ley del Movimiento Político Mira, se podría crear categorías por actividad, con lo que se asignarían requisitos, formaciones académicas puntuales, establecer cantidad, calidad del trabajo, jornada respectiva, además de procedimientos claros para establecer los incentivos económicos por labores y objetivos cumplidos.
Aunque las mujeres en América Latina son más vulnerables al desempleo y a la discriminación salarial, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, reconoció el 20 de marzo pasado que cuando ellas tienen trabajo, generan un efecto multiplicador en la economía mucho mayor que los hombres y reducen la pobreza general.
Un estudio revela que el ingreso salarial femenino es tan determinante que, si las mujeres no ganaran nada, la pobreza en América Latina sería del 40% en lugar del 26 estimado por el Banco en hogares con ambos padres.
Moreno también aseguró que la rápida incorporación femenina al mercado laboral representa una de las transformaciones sociales más trascendentes en las sociedades de esta región.
Sin embargo, a pesar de que aportan más con sus ingresos a la educación y nutrición de sus hijos, lo que redunda en mayor bienestar social, sufren una desventaja salarial del 17 al 25% en comparación con los hombres por el mismo tipo de trabajo.
La investigación refleja que los empleos para las mujeres son mayoritarios en la economía informal y en sectores de baja productividad, causa y efecto de que menos del tres por ciento de ellas sean líderes en las 100 empresas mayores.
La representante del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer en América Latina y el Caribe, Gladys Acosta, es una de las críticas a la llamada división sexual del trabajo, donde los hombres se ocupan de lo público y las mujeres de lo privado. «Ellos terminan siendo proveedores y ellas cuidadoras», asegura.
En un artículo publicado en Prensa Latina, en septiembre de este año, ella asegura que existe la noción que las mujeres deben encargarse de lo conectado con la reproducción humana y de la esfera del cuidado (de niños, enfermos y ancianos), lo que recae en ellas como trabajo no remunerado. «La sociedad se beneficia de una altísima proporción del trabajo no remunerado que ejercen las mujeres por ser mujeres», dice.
Para Acosta se está presentando una transición de un modelo basado en una inflexible división sexual del trabajo a un nuevo pacto social, con roles más igualitarios para hombres y mujeres.
En junio de 2010 la tasa de desempleo femenino era del 24,2% en Colombia, en tanto que la de los hombres se mantenía en el 17,1 y la de los adultos mayores de 25 años alcanzaba el 15,6%, muy inferiores ambas a la de las mujeres.
La Constitución española prohíbe la discriminación por sexo, con el propósito de garantizar el derecho al trabajo, por lo que el Estatuto del Trabajo establece la obligación empresarial de pagar la misma retribución a hombres o mujeres por la misma labor.
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