Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Andrés Cortés, director del área de derecho tributario y cambiario de Cuberos Cortés Gutiérrez, afirma que luego de que la propuesta de gravar la canasta familiar con IVA se cayera, el flujo de caja del Estado no necesariamente debe concentrarse en gravar bienes o restar beneficios fiscales.
Andrés Cortés Hernández, abogado especialista en derecho tributario, director del área de derecho tributario y cambiario de Cuberos Cortés Gutiérrez, dice que se debe garantizar que el proceso de retención en la fuente materialice un recaudo anticipado y efectivo de este impuesto, de lo contrario el Estado correrá el riesgo de manipulación de las declaraciones de renta por parte de los declarantes.
El abastecimiento del flujo de caja del Estado no necesariamente debe tener origen en gravar o restar beneficios fiscales a actividades o bienes. El Estado puede encontrar fuentes efectivas de ingresos en diferentes puntos. Uno de estos, por ejemplo, sería reforzar las labores de cobro coactivo de todas las obligaciones que cuentan con títulos ejecutivos. Lo anterior quiere decir que en la práctica parece ser que la Dian no cuenta con el interés ni el equipo suficiente para perseguir a los deudores, y en la mayoría de los casos bien sea por cuantía o por calidad de los activos, desestima las labores de cobro. No obstante, encubiertos dentro de los deudores de baja cuantía o de prendas no interesantes, se encuentran muchos contribuyentes que pasan desapercibidos por para falta de seguimiento del Estado.
Otro punto sería incrementar las actividades de fiscalización. De nada sirve que la base de contribuyentes sea ampliada con cada reforma, si la obligación fiscal no se cumple como es debido, y menos cuando su cumplimiento no está sujeto a verificación. Cien mil nuevos contribuyentes que eluden su carga tributaria es lo mismo que mantener la misma base contributiva de años anteriores.
Por otra parte, efectivizar el recaudo en todas las actividades de la administración se hace urgente. Las multas ambientales, las sanciones de las contralorías, la sanciones de tránsito y todos aquellos rubros en donde el Estado es acreedor, deben ser objeto de recaudo inmediato.
Finalmente, simplificar el procedimiento de aforo y determinación oficial. Si la administración requiere recaudo, la discusión no puede tomar dos años en la vía gubernativa. No se trata de restringir el derecho de defensa, se trata de reducir los términos del fisco y algunas actuaciones que redundan en la demora.
Ese es el camino correcto. En Colombia todos aplicamos el aforismo popular conocido como “el vivo vive del bobo”, pero lo que nunca hemos observado es que el bobo quiere ser vivo y deja de cumplir con sus obligaciones, porque básicamente su vecino no paga impuestos y nada le pasa, y por el otro lado los impuestos que paga el bobo se los roba otro vivo a quien tampoco le pasa nada.
Para aumentar el cumplimiento en el pago de impuestos es necesario que haya una cultura en la que el que paga lo haga con la convicción de que su aporte se reinvertirá en el desarrollo del país, que ese es su aporte a la educación, salud, infraestructura. Pero esto nunca va a ocurrir si permitimos que la evasión y la corrupción sean la imagen del resultado de la carga tributaria, que paseen campantes frente a las autoridades y no haya consecuencias.
Por supuesto, ya que afecta en mayor proporción a los sujetos pasivos con menores ingresos. No es lo mismo quitarle $4.000 por cada millón a un rentista de capital que a un asalariado, aunque sean los mismos $4.000 y el mismo millón. Este impuesto se niega a desaparecer del escenario tributario nacional porque el presupuesto nacional se ha colgado de los ingresos fáciles.
El Estado no puede desechar una partida del ingreso de la cual depende un gran porcentaje de sus gastos. Al menos esa cifra cierta permitirá sufragar el gasto. Pero si colgamos ese gasto al recaudo condicionado de la cartera, no podríamos garantizar el cubrimiento de la erogación estatal.
Mal podría decirse que esta medida no guarda algo del principio de justicia y equidad fiscal. Lo que debe garantizarse es que el proceso de retención en la fuente materialice un recaudo anticipado y efectivo del impuesto, de lo contrario el Estado se someterá al riesgo de manipulación de las declaraciones de renta por parte de los declarantes al momento en el que vean que sus denuncios rentísticos liquidan impuesto que no es cubierto en su totalidad por las retenciones en la fuente, empujando al declarante a evitar “ese golpe”. Debemos pasar de un régimen del ¿cuánto quiere pagar? y ¿cuánto me toca pagar? al de ¿cuánto pagué?
El deber ser de una economía justa es que el ahorro fiscal se traduzca en reinversión, en crecimiento, en diversificación de la industria y del comercio, en atracción de inversionistas y de nuevas líneas de negocio. Una segunda etapa de este proceso comprende que el crecimiento de la economía derive en más y mejores empresas, con más y mejores empleos, o tal vez los mismos empleos, pero con una remuneración mejor.
Sin embargo todos sabemos que esto ocurrirá en pocos casos. En los demás serán las decisiones y los intereses de cada eslabón de la cadena los que determinen si ese ahorro fiscal redundará en beneficio de la sociedad económica total o únicamente se reflejará en la utilidad después de impuestos de cada balance.
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