Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Para Horacio Ayala, la Ley 2010 de 2019 es una proliferación de beneficios plagados de exigencias, requisitos y detalles, que la Dian no puede vigilar adecuadamente.
En Colombia, con sus niveles de desempleo e informalidad, no existe capacidad tributaria apreciable en las personas naturales.
Horacio Ayala, exdirector de la Dian identifica en el texto de la Ley 2010 de 2019 al menos 27 beneficios tributarios, lo que se traducirá en un impacto negativo importante en el recaudo, a mediano y largo plazo.
Ayala no destaca puntos positivos de esta ley, ya que se trata de la repetición de las normas expedidas en 2018.
«De toda la ley se puede decir que contiene los mismos defectos de las anteriores: una proliferación enorme de beneficios, plagados de exigencias, requisitos y detalles, que la Dian no está en condiciones de vigilar adecuadamente», recalca.
Para él, la tendencia de que las empresas cuenten con beneficios tributarios mientras las personas naturales se encargan de tapar los huecos fiscales continúa con la reforma tributaria 2019.
«Eso es lo que hemos visto en las reformas más recientes, pero se reitera el error de apreciación por parte del Estado, porque en un país con los niveles de desempleo e informalidad que tenemos, donde, además, un porcentaje muy alto de la población gana menos de dos salarios mínimos, no existe una capacidad tributaria apreciable en las personas naturales», explica.
Desde su punto de vista, la devolución del IVA para las familias más necesitadas se traduce en un subsidio, «que por su naturaleza y la forma de distribución resulta arbitrario, sin relación directa con el IVA pagado por los beneficiados».
Por otra parte, considera que la medida de los tres días sin IVA no es efectiva para beneficio de los consumidores.
«Tampoco creo que afecte de manera notoria el recaudo. Se trata de trasladar a unas fechas caprichosas el popular Black Friday gringo o crear unos nuevos», dice.
Indica que el problema de la economía colombiana no es el consumo, como se observa en los indicadores de 2019.
Ayala critica la cantidad de leyes en las que el propio Gobierno pone unos plazos perentorios para el cumplimiento de obligaciones, los cuales incumple.
«¿No es mejor legislar con base en elementos objetivos, midiendo la verdadera capacidad de la administración tributaria, sin crear caos y angustia en los contribuyentes?», reflexiona.
«En la Dian deben aprender a medir sus reales capacidades para manejar las innumerables «innovaciones» que surgen de la mente excesivamente creativa, pero poco práctica, de algunos parlamentarios y funcionarios», critica.
Y a quienes insisten en que en Colombia las personas naturales deben declarar y pagar más impuestos, Ayala les recuerda que, en el país, las rentas de trabajo son las únicas totalmente controladas y más del 90 % de los asalariados carece de capacidad contributiva, mientras los dividendos, las grandes ganancias en venta de acciones, además de otros negocios muy prósperos, no pagan un peso.
«Diferente es la situación en los países con los cuales se nos pretende comparar», dice.
Para él, las normas tributarias establecidas por la administración pública son cada vez más confusas, dispersas y enredadas.
«Ninguna administración tributaria del mundo está capacitada para manejar un montón de disposiciones plagadas de tratamientos exceptivos, incluso a nivel de contribuyentes, como sucede con los contratos de estabilidad jurídica, las zonas francas y las múltiples exenciones», concluye.
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