Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
2016 fue un año importante para los avances normativos en materia de control: se expidió la Ley de Soborno Trasnacional y se propuso reglamentar funciones del revisor fiscal. Además, también estallaron grandes estafas económicas como el caso Reficar y los Panama papers.
El cierre contable del año 2016 será el primer corte en el que las pymes prepararán estados financieros comparativos bajo las dinámicas del Estándar Internacional. De igual manera, las operaciones de dicho año también fueron las primeras preparadas bajo este nuevo marco normativo y las primeras que auditores y revisores fiscales debieron testear bajo las Normas de Aseguramiento de la Información, como lo indicó el artículo 10 del Decreto 302 de 2015, compilado en el anexo 4 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación –ICIJ– filtró el listado completo de las 214.000 empresas offshore en 21 países vinculadas al escándalo de los Panamá Papers, en el cual se encuentra un total de 1.854 compañías nacionales. Además, tras la filtración completa de este listado, figuran 1.245 colombianos, 233 intermediarios y 679 direcciones relacionadas con el país.
Durante sus disertaciones del año 2016, la viceauditora general de la nación, Ángela Murcia, afirmó que la entidad ha detectado mallas empresariales y tendencias irregulares (como una excesiva contratación con sindicatos), que son motivo de alarma y comprometen a las contralorías a investigar a fondo posibles casos del “carrusel de la contratación”.
Murcia solicitó el apoyo de las contralorías nacionales y departamentales, así como de los jueces de la República, los gestores fiscales y la participación ciudadana para lograr un mayor control y vigilancia que permita evitar anomalías, sobre todo, en temas de infraestructura.
Mediante su Circular Externa 003 de 2016, la Superintendencia Financiera de Colombia impartió instrucciones encaminadas a realizar el dictamen del revisor fiscal de las sociedades fiduciarias para la selección de los negocios relacionados con la administración de recursos de los anticipos entregados en la celebración de contratos, respecto a los que deben emitir dictamen de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011.
En febrero de 2016 la opinión pública tuvo conocimiento del escandaloso caso de la Refinería de Cartagena –Reficar–, entidad que llevó a cabo una gran estafa al patrimonio de los colombianos. La falta de transparencia, el mal manejo de los procesos de control y fiscalización y las irregularidades en las cifras contables de esta compañía indignaron a todo el país, en lo que fue una de las noticias más importantes del año.
El 2 de febrero de 2016 fue promulgada la Ley 1778, mediante la cual se crearon sanciones administrativas y penales que la Superintendencia de Sociedades y los jueces podrán imponer a las personas jurídicas y naturales sindicadas de participar en el delito tipificado como “Soborno Transnacional”, es decir, el efectuado a servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales.
Así pues, por medio de los artículos 31 a 35 de la Ley 1778 de 2016, el Congreso aprobó la modificación de varios artículos contenidos en la Ley 1474 de julio de 2011 (también conocida como el Estatuto Anticorrupción). De esta manera, a través del artículo 32 de la Ley 1778 de 2016, se efectuó un cambio al artículo 7 de la Ley 1474 de 2011, el cual había agregado en su momento un numeral 5 al artículo 26 de la Ley 43 de 1990 para establecer que los revisores fiscales debían denunciar los actos de corrupción. La nueva versión del numeral 5 del artículo 26 de la Ley 43 de 1990, que ahora incluye los cambios introducidos con la Ley 1778 de 2016, amplía los casos de corrupción que estos deben denunciar so pena de exponerse a que su matrícula profesional sea cancelada.
La firma nacional Clientric SA se vio en serios problemas luego de la acusación, presentada por el fiscal del sur del estado de la Florida, Estados Unidos, que vincula a esta entidad en un fraude de operaciones que perjudicó a la agencia estatal Ex-Im Bank.
Para cumplir con lo establecido en los artículos 23 y 36 de la Ley 1778 de febrero 2 de 2016, la Superintendencia de Sociedades expidió el 25 de julio de 2016 su Resolución 100-002657, mediante la cual se establecieron los criterios que deberán tomar en cuenta las sociedades comerciales vigiladas por dicha entidad para definir si están o no obligadas a adoptar algún “Programa de Ética Empresarial” que les permita disminuir el riesgo de cometer actos de soborno transnacional.
Entre las sociedades obligadas a adoptar dicho programa figurarían las que realicen negocios internacionales de forma habitual y pertenezcan al sector farmacéutico, de infraestructura y construcción, manufacturero, minero energético, o al de las tecnologías de la información y comunicaciones. Es preciso aclarar que estas serían incluidas si alcanzaron, al mismo tiempo, los topes de activos, ingresos y personal fijados para cada sector en la citada Resolución 100-002657 de 2016.
El 3 de octubre de 2016 este Ministerio publicó en su portal un Proyecto de Decreto con el que se agregaría un nuevo capítulo 51 al libro 2, parte 2, título 2 de su Decreto Único 1074 de mayo de 2015 a fin de reglamentar varias de las funciones de los revisores fiscales, actualmente establecidas en los artículos 207 y 208 del Código de Comercio.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo publicó el Proyecto de Decreto: “Por medio del cual se modifica parcialmente el marco técnico normativo de las Normas de Aseguramiento de la Información, previsto en el artículo 1.2.1.1., del Libro I, Parte 2, Título 1, del Decreto 2420 de 2015 y se dictan otras disposiciones”.
Este documento, sometido a discusión pública por el Ministerio, no extiende dicha obligación legal a la revisión del marco técnico anexo al mismo, puesto que tal revisión del componente ya había sido adelantada por el CTCP.
El presidente Santos anunció la entrada en vigencia de nuevas acciones para mejorar la eficacia de la lucha contra la corrupción, entre ellas se modificará el Decreto 777 de 1992, que regula el régimen de contratación de las entidades sin ánimo de lucro, para eliminar la contratación directa con estas.
Durante la clausura del XIII Congreso Nacional de Infraestructura, realizada el viernes 25 de noviembre de 2016, el presidente Juan Manuel Santos anunció un Plan de acción entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia que estará enfocado en desarrollar nuevas medidas para fortalecer la lucha contra la corrupción.
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