Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
En materia comercial, el 2019 trajo consigo una serie de novedades normativas, entre las que se encuentra la fijación de nuevos criterios para la clasificación de empresas.
A continuación, un estudio de los temas más consultados y las novedades del año, mes a mes. ¡Conózcalos!
El Ministerio de Transporte, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y Fasecolda anunciaron que a partir del 1 de enero del 2019, los conductores pueden portar su póliza Soat en formato electrónico, en su celular o cualquier dispositivo móvil, o impresa en cualquier papel.
Consulte nuestro editorial: Soat digital: 8 aspectos que debe conocer de esta póliza electrónica.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió la Circular 042 de 2018, a través de la cual establece que a partir del 27 de diciembre de 2018 se implementarán dos nuevos módulos en la VUCE: uno para la radicación de las solicitudes de autorización de programas de bienes de capital, repuestos y servicios; y otro para la radicación de solicitudes de terminación del régimen de importación temporal por incumplimiento en los compromisos de exportación de los sistemas especiales de importación y exportación.
El artículo 678 del Código de Comercio determina las responsabilidades del creador del título cuando el obligado no acepta o no paga la deuda contenida en la letra de cambio.
En el evento en que el tenedor de una letra de cambio (el cual no necesariamente es el beneficiario inicial, porque puede ser un tenedor que recibió el título por medio de endoso) intenta cobrarlo y el deudor niega la deuda o no la paga, el tenedor beneficiario puede irse en contra del creador, es decir, exigir el cumplimiento de la obligación a quien figure en dicho título como girador o librador.
Consulte nuestro editorial: Letra de cambio sin fecha de vencimiento: ¿cuándo caduca?.
El artículo 31 de la Ley 1727 de 2014 establece que las sociedades comerciales y demás personas jurídicas que no hayan renovado su matrícula o registro mercantil en los 5 años anteriores a la depuración que anualmente deben realizar las cámaras de comercio del registro único empresarial y social –Rues–, quedarán disueltas y en estado de liquidación.
No obstante, dicho término fue reducido a tres años según lo fijado por el artículo 144 de la Ley 1955 de 2019 o Plan Nacional de Desarrollo.
Consulte nuestro editorial: Liquidación de una SAS mediante un proceso de jurisdicción voluntaria, y la conferencia: ABC para el proceso de actualización o renovación de la matrícula mercantil en Colombia.
El inciso segundo del artículo 157 de la Decisión 486 de 2000 determina que el registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero usarla para anunciar (inclusive en publicidad comparativa), ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para señalar la compatibilidad o adecuación de piezas de repuestos o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que aquel uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducir a los usuarios a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.
Consulte nuestro editorial: Modifican trámites como el de propiedad industrial, registro de marcas y lemas comerciales.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió el Decreto 957 de 2019, mediante el cual se reglamentó el artículo 2 de la Ley 590 del 2000 para definir los criterios de clasificación de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.
Dicha clasificación se realizará exclusivamente con base en los ingresos de actividades ordinarias anuales de cada organización y el nivel variará dependiendo del sector económico en el que las empresas desarrollen sus actividades.
Una iniciativa empresarial requiere el cumplimiento de una serie de requisitos exigidos por el Estado, los cuales traen consigo grandes beneficios para los empresarios y la sociedad en general.
Se tiene, por una parte, el requisito de la formalización empresarial, el cual es un proceso que comprende distintos ámbitos, como los de existencia, producción, comercialización y tributarios.
En lo que concierne a la financiación, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha desarrollado una herramienta de financiación para las micro, pequeñas y medianas empresas –Mipymes– con la finalidad de contribuir al desarrollo empresarial, denominada Bancóldex, a la cual podrá acudir una vez haya cumplido con los requisitos de formalización de su empresa.
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Consulte nuestros editoriales Trámites a realizar para que un establecimiento comercial pueda funcionar y Pasos para tramitar el registro mercantil y finalizar el proceso de creación de empresa.
El numeral 7 del artículo 28 del Código de Comercio, modificado por el artículo 175 del Decreto 019 de 2012, define los libros que deben inscribirse de manera obligatoria en el registro mercantil.
Por su parte, entre los libros que no deben ser inscritos al registro mercantil se encuentran el de inventarios y balances, el diario y el mayor y balances.
Consulte nuestro editorial: Libros obligatorios de contabilidad para efectos fiscales.
La Superintendencia de Sociedades, mediante el Oficio 220-031587 de 2019, precisó la forma en la que puede llevarse a cabo la corrección de errores en el libro de actas y de registros contables.
Para efectos de lo anterior, trajo a colación lo fijado por el artículo 131 del Decreto 2649 de 1993, el cual dispone que en el evento en que en las actas se omitan datos exigidos por la ley, el presidente y el secretario pueden asentar actas adicionales para suplir dichos errores.
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP–, mediante el Concepto 0651 de 2019, resolvió un cuestionamiento referente a la validez de una cuenta de cobro enviada de manera electrónica, con la firma escaneada, como soporte de contabilidad.
Interrogante para el cual, a grandes rasgos, el CTCP determinó que dichas cuentas enviadas por medios electrónicos son válidas como soporte contable, siempre que cumplan con los requisitos establecidos mediante la ley mercantil y las normas generales sobre contabilidad y de comercio electrónico.
La Corte Suprema de Justicia, con la Sentencia STC 1464 de 2019, determinó que según establece el artículo 676 del Código de Comercio, en el momento en que el girado (deudor) firma aceptando una letra de cambio se crean para él dos condiciones: de girado y girador.
Con lo anterior se da paso a la creación del título valor y, a su vez, la obligación de sufragar el mismo.
Consulte nuestro editorial: ¿Qué hacer cuando un título valor se pierde, es hurtado o destruido?.
La Corte Constitucional, mediante la Sentencia C – 328 de 2019, estableció que publicar la información de los copropietarios morosos no vulnera su derecho a la intimidad, toda vez que el no pago de las cuotas de administración es un incumplimiento de las obligaciones que se desprenden de la ley o del reglamento interno de la propiedad horizontal.
Dispuso además que el incumplimiento de las normas de convivencia no es una cuestión que permanezca dentro de la esfera familiar o privada del copropietario, o que afecte su buen nombre, sino que es un asunto que interesa a la comunidad que habita la propiedad horizontal en general.
Consulte nuestro editorial Órganos de administración en una copropiedad: facultades y responsabilidades frente a casos concretos.
Un deudor puede defraudar a terceros en un proceso de reorganización empresarial, a través de la simulación de la venta de bienes o su transferencia a terceros, y proponer la adjudicación de bienes como forma para el pago de sus obligaciones, conociendo claramente que los bienes que ofrece no son suficientes para cubrir el total de la deuda.
Los numerales 7 y 8 del artículo 22 y numerales 4 y 5 del artículo 24 de la Ley 820 de 2003, establecen que tanto arrendador como arrendatario deben entregar, con un plazo no menor de tres meses, el preaviso que notifique a la otra parte el deseo de no prorrogar o de terminar el contrato.
En lo que concierne al local comercial, el artículo 520 del Código de Comercio dispone que el arrendador debe notificar al arrendatario, con un término mínimo de seis meses, que desea dar por terminado el contrato. Por lo tanto, se tiene que el segundo cuenta con dicho término para desocupar el inmueble.
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