Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Desde la Supersociedades se viene trabajando en una serie de cambios para los procesos de insolvencia empresarial. El mejoramiento del marco normativo de los procedimientos de insolvencia y el régimen general de sociedades vendría de la mano con la modificación de la Ley 1116 de 2006.
El 2 de septiembre de 2019 la Supersociedades presentó el informe Insolvencia en Colombia: datos y cifras. Procesos de Reorganización y liquidación en trámite y en ejecución, en el cual la entidad revela que durante el primer semestre de 2019 recibió 656 solicitudes de insolvencia, de las cuales 443 se presentaron en Bogotá y 213 en las seis intendencias regionales de la entidad.
La Supersociedades confirmó que, de las 656 solicitudes, 327 ya se han resuelto: 158 fueron admitidas y 169 no tuvieron luz verde por no cumplir con los requisitos legales. «Aún teníamos 322 por resolver al cierre del primer semestre. Vale mencionar que siete solicitantes retiraron sus solicitudes”, indica la entidad en el informe.
Con corte del 30 de junio de 2019, la Supersociedades tenía 2.535 procesos en todo el país, 1.970 de reorganización y 565 de liquidación. Al respecto, cabe señalar que todos los procesos gestionados por la Superintendencia representan 32,8 billones de pesos en activos y 29,5 billones de pesos en pasivos.
Durante el discurso de instalación del XIII Congreso Colombiano de Derecho Concursal, Juan Pablo Liévano, superintendente de sociedades explicó que en la capital colombiana, al 31 de diciembre de 2018, la Supersociedades tramitaba un total de 1.079 procesos, de los cuales 840 eran de reorganización: 409 en trámite y 431 en ejecución; y de la misma forma, tenían 239 procesos de liquidación. «Lo más preocupante, es que existían 256 solicitudes de admisión pendientes por resolver», señaló el funcionario, quien agregó que las intendencias tenían para esa fecha un total de 1.252 procesos.
«Esta situación supuso la adopción de medidas urgentes, en los primeros días de esta administración, para enfrentar los problemas más críticos. Sin embargo, estas medidas urgentes o plan de choque inicial no han resuelto de fondo los problemas», dijo Liévano.
Para enfrentar esta problemática, la Supersociedades adoptó varias medidas que incluían la reestructuración de la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia. Lo anterior contemplaba el aumento del número de jueces, un grupo dedicado a admisiones y otro dedicado a procedimientos especiales, intervenciones y otros asuntos de interés público. El superintendente de sociedades aseguró que con estas medidas pasaron de tener seis jueces, a once.
«Esto requirió modificar el manual de funciones de la Entidad y crear jueces ad-hoc, todo lo cual implicó modificaciones adicionales a los procedimientos tecnológicos, los cuales están aún en proceso de desarrollo e implementación», explicó Liévano.
El superintendente destacó que la capacidad institucional de la Supersociedades en asuntos de insolvencia está desbordada, conforme a que aumentan las solicitudes, pero la planta de personal se mantiene igual desde el año 2012.
«Por ello, esta administración solicitó al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que, sin incrementar la contribución y presupuesto de la entidad, se haga un ajuste a las partidas del presupuesto para el año 2020 y siguientes, a afectos de contar con más recursos en tecnología y funcionarios. Con esto, se podrá atender el volumen creciente de solicitudes de admisión en el corto plazo, sin perjuicio de la reestructuración o reforma estructural de la Superintendencia de Sociedades que se planteará y presentará en el año 2020», explicó Liévano.
Una vez conocidas las cifras, desde el punto de vista del superintendente de sociedades se requiere un cambio legislativo y cultural en los procedimientos de insolvencia. Afirma que se requiere repensar las instituciones, con una serie de medidas que contribuyan al mejoramiento de lo que Liévano llama el “ecosistema de rescate empresarial” y el “ecosistema de maximización del activo”.
En primer lugar, se requiere modificar la Ley 1116 de 2006. Es necesario modificar algunas instituciones jurídicas en ella establecidas, y realizar otro tipo de cambios legislativos e institucionales. «De hecho, en medio del ejercicio de planeación estratégica, identificamos como una oportunidad el mejoramiento del marco normativo de los procedimientos de insolvencia y el régimen general de sociedades», explicó Liévano.
Se busca que el régimen de insolvencia cumpla efectivamente con una finalidad de agregación de valor a toda la comunidad; que sirva para la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica.
«No queremos que las reorganizaciones sean usadas para simplemente abaratar el costo de los créditos o como una herramienta para la simple, mera y llana gestión de pasivos, sino para una verdadera gestión del activo, económica, financiera, organizacional y operativa de las empresas, que permita generar valor y seguir operando para mantener el empleo y pagar a los acreedores», puntualizó el superintendente.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
