Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
La idea que tiene el Gobierno es presentar el mismo texto de la Ley de financiamiento actual, y lo haría en la primera semana de noviembre, ya que los congresistas sesionan hasta el 16 de diciembre. Los impuestos que se causen este año y que se deben pagar en el 2020 siguen vigentes, como lo informó la Corte.
La presidente de la Corte Constitucional, Gloria Stella Ortiz, reconoció que el efecto de la caída de la Ley de financiamiento se traduce en una suspensión de lo incluido en el articulado desde el 1 de enero de 2020.
Ella ha dicho que el único salvavidas que tiene el Gobierno es volver a presentar una nueva tributaria antes de que se termine la legislatura de 2019, lo que sucederá antes de 60 días.
Por este motivo, el ministro de hacienda, Alberto Carrasquilla, afirmó que para acelerar el proceso llevarán el mismo texto de la Ley de financiamiento al Congreso, sin cambios, el cual que fue tumbado por la Corte Constitucional el pasado miércoles.
“Vamos a llevar la misma iniciativa; la votación en la Cámara de Representantes fue de dos a uno para ese texto. Tenemos el convencimiento de que saldremos fortalecidos institucionalmente”, dijo Carrasquilla a los medios de comunicación.
La “nueva” Ley de financiamiento incluirá, entre otras, la polémica y demandada sobretasa al sistema financiero, todo el paquete de reformas respecto a cargas tributarias para empresas y personas naturales, y la exención del IVA para importaciones de bienes de capital.
Tanto el ministro como el viceministro, Juan Alberto Londoño, han dicho que los impuestos que se causen este año y que se deben pagar en el 2020 siguen vigentes, tal como lo informó la Corte Constitucional.
Frente al tiempo advertido por la Corte en mención, el año pasado el proyecto de la Ley de financiamiento llegó por primera vez al Congreso de la República el 31 de octubre y finalmente se aprobó el 19 de diciembre. Desde el punto de vista del Gobierno, los tiempos se cumplirán.
Y como se presentará el mismo texto, la idea es hacerlo a más tardar en la primera semana de noviembre, pues los congresistas sesionan hasta el 16 de diciembre, con un máximo de una semana adicional si se llaman a reuniones extraordinarias.
Por lo anterior, los debates alrededor de reformas como la pensional, laboral y de mercado de capitales quedarán aplazadas para la legislatura que inicia en marzo de 2020. “Para el Gobierno lo más urgente cambió; ahora es darle continuidad a ese marco jurídico y tributario con cambios estructurales y defender su continuidad. Tenemos que modificar nuestra agenda en el caso de la Ley de protección a la vejez”, dijo Carrasquilla.
Como lo expresa el editorial de El Tiempo del 17 de octubre de 2019, titulado Después del fallo de la Corte, la razón principal para refrendar lo expresado por la Ley 1943 de 2018 es la aceptable marcha de la economía colombiana, que supera con creces al promedio regional.
«Regresar al pasado enviaría una pésima señal y acabaría castigando decisiones empresariales de inversión hechas de buena fe, las cuales respondieron a una importante disminución en la tributación efectiva de las personas jurídicas», indica el medio.
En caso de no lograr revivir la ley, personas de altos recursos tributarían menos, mientras que iniciativas de impulso al emprendimiento se verían cortadas.
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